Milei desactivó el aporte a Coviar: qué cambia para la vitivinicultura

El gobierno de Javier Milei avanzó con una decisión de alto impacto en la industria vitivinícola: eliminó el aporte obligatorio que financiaba a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y dio por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). La medida, oficializada en el Boletín Oficial, deja al organismo en una situación crítica.

La Resolución 55/2026 establece el fin de las contribuciones previstas en la Ley 25.849 y corta cualquier financiamiento público nacional vinculado al plan. Además, fija un plazo de tres meses para que la Coviar presente un informe final con rendición de cuentas, logros y uso de fondos. En la práctica, el Gobierno considera agotado el esquema que sostuvo al organismo durante más de dos décadas.

El argumento oficial fue expuesto por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó el sistema como una “aberración”. Según planteó, se trataba de un mecanismo en el que el Estado recaudaba fondos obligatorios del sector para financiar a una entidad privada, sin resultados acordes a los objetivos prometidos.

ELIMINAMOS UN IMPUESTO QUE EL ESTADO HABÍA REGALADO A PRIVADOS. Te contamos hoy una historia increíble: la de un Estado que cobra impuestos, pero no para financiar el gasto público, sino que recauda ¡para privados! Sí lo que lees. Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta… pic.twitter.com/aNMKrXcNjR

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 5, 2026

Desde el Ejecutivo sostienen que el plan fracasó: las exportaciones nunca alcanzaron las metas previstas y la participación argentina en el mercado global quedó muy por debajo de lo proyectado. A eso suman críticas por aumentos en la contribución por encima de la inflación y falta de transparencia en el uso de recursos.

Sin embargo, la decisión abre un escenario incierto para el sector. La Coviar no será disuelta, pero pierde su principal fuente de financiamiento en un contexto de crisis vitivinícola. La incógnita es cómo sostendrá sus funciones sin aportes obligatorios y si podrá reconvertirse a un esquema voluntario.

El conflicto también expone tensiones previas. El Gobierno ya había rechazado el aumento del 45% en la alícuota dispuesto por el organismo en 2025, en un enfrentamiento que anticipaba el desenlace actual.

Entre la desregulación y el impacto en el sector

Para el oficialismo, la medida apunta a mejorar la competitividad eliminando cargas y promoviendo la libre asociación. La lógica es clara: si el sector considera útil a la Coviar, deberá sostenerla sin intervención estatal.

Pero para parte de la industria, el riesgo es perder una herramienta de coordinación en un momento delicado. Sin el PEVI y sin financiamiento garantizado, el desafío será redefinir un esquema de articulación que evite una mayor fragmentación del sector.