La denuncia contra Tailhade abre un nuevo capítulo en la pelea con Adorni

El conflicto entre el oficialismo y la oposición sumó un nuevo capítulo judicial. El Ministerio de Seguridad denunció al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, a raíz de declaraciones realizadas durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La presentación, firmada por funcionarios del área legal de la cartera, plantea la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y solicita investigar el origen de la información difundida por el legislador.

El eje de la denuncia son los dichos de Tailhade en el recinto, donde brindó detalles sobre la vida privada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Entre otras afirmaciones, mencionó supuestos movimientos personales y el uso de custodia oficial, además de viajes al exterior con información precisa sobre logística y gastos.

Para el Ministerio que conduce Alejandra Monteoliva, ese nivel de detalle no solo vulnera la privacidad, sino que podría implicar el acceso a datos sensibles vinculados a la seguridad de un funcionario de alto rango. En ese sentido, advierten sobre “riesgos para la seguridad nacional” y la necesidad de determinar si hubo participación de terceros o estructuras estatales.

El episodio se inscribe en un contexto más amplio: la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Fue en ese marco que el diputado opositor introdujo sus cuestionamientos, lo que derivó en una respuesta institucional que busca trasladar el conflicto al terreno penal.

El oficialismo interpreta los dichos como un exceso que cruza límites legales, mientras que desde la oposición sostienen que se trata de información de interés público en el marco de un control político legítimo.

Entre el control político y los límites legales

El caso vuelve a poner en discusión hasta dónde puede avanzar el Congreso en la exposición de datos personales de funcionarios y su entorno. La línea entre control institucional y posible vulneración de derechos aparece, otra vez, en el centro del debate.

La Justicia deberá ahora determinar si existió espionaje ilegal o si las declaraciones se encuadran dentro de las facultades parlamentarias. Mientras tanto, el episodio profundiza la tensión política en un escenario ya atravesado por denuncias cruzadas.