Una investigación que comenzó en el extremo norte del país y se extendió por varias provincias terminó con un golpe a una organización dedicada al narcotráfico. Tras dos meses de tareas de inteligencia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró interceptar un cargamento de 35 kilos de cocaína y detener a tres personas en territorio bonaerense.
El operativo, bautizado “Ghostbusters”, permitió reconstruir una modalidad de traslado que combinaba logística, vigilancia y coordinación entre los integrantes de la banda. Según se determinó, la droga era cargada en la localidad jujeña de La Quiaca y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.
Para concretar el traslado, los involucrados utilizaban vehículos “punteros”, encargados de circular por delante para advertir sobre posibles controles policiales. Detrás, otros autos transportaban la sustancia oculta en compartimentos especialmente acondicionados.

La pesquisa incluyó intervenciones telefónicas, análisis de cámaras de seguridad y seguimientos vehiculares en Salta, Jujuy y Buenos Aires. Con esa información, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y delinear el circuito completo de la maniobra.
Uno de los momentos clave fue la decisión de no intervenir de inmediato en La Quiaca. Por las características del lugar y para no alertar a los implicados, los agentes optaron por montar vigilancia y comenzar el seguimiento desde la salida de la localidad, en coordinación con la Justicia.
A partir de allí se desplegó un seguimiento controlado que permitió confirmar el traslado de la droga y definir el momento oportuno para el operativo final. La interceptación se concretó ya en la provincia de Buenos Aires, donde fueron detenidos tres integrantes de la organización.
En los procedimientos también se secuestraron dos vehículos utilizados para el transporte, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes para la investigación.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Salta, conducido por Mariela Giménez, junto con la Unidad Fiscal Federal de esa provincia, a cargo de Eduardo Villalba, con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.
El operativo permitió desarticular una estructura que operaba a escala interprovincial y que utilizaba mecanismos de alerta y ocultamiento para intentar evadir los controles, en un circuito que unía el norte argentino con el conurbano bonaerense.