La denuncia que empezó en redes y llegó a las familias ya entró en terreno judicial. La Fiscalía de Perú abrió investigaciones preliminares por presunta trata de personas y trata agravada tras las denuncias de ciudadanos que habrían sido captados con falsas ofertas laborales para viajar a Rusia y terminar en acciones de combate en la guerra contra Ucrania.
El caso expone un mecanismo que se repite en varios testimonios: promesas de empleo en seguridad, transporte u otros servicios, sueldos altos y traslado rápido al exterior. Según la hipótesis que investiga el Ministerio Público, una vez en territorio ruso las víctimas habrían sido obligadas a participar en operaciones militares, lejos del trabajo civil que les habían ofrecido.
La Cancillería peruana también salió a advertir sobre estas ofertas. El canciller Carlos Pareja pidió a los jóvenes no aceptar propuestas engañosas para trabajar en Rusia y sostuvo que quienes caen en esas redes pueden ser coaccionados a firmar contratos que luego les impiden regresar al país. La Embajada de Perú en Moscú y su sección consular trabajan con los casos que lograron pedir asistencia.
Hasta ahora, Relaciones Exteriores informó el retorno de 18 connacionales desde Rusia, con alojamiento, alimentación y apoyo consular durante el proceso. También comunicó que otros peruanos tenían regreso pendiente y dejó activos canales de contacto para quienes se encuentren en territorio ruso y necesiten protección.

La esposa de un peruano herido en Rusia indicó que, tras la firma del documento, su pareja fue enviado a la “zona de guerra”, donde su grupo fue atacado con drones.
El punto más delicado es la magnitud real del caso. Abogados de las familias hablan de cientos de peruanos afectados: Percy Salinas sostuvo que cerca de 600 compatriotas estarían atrapados bajo esta modalidad y que al menos 15 habrían muerto, aunque esas cifras todavía no aparecen como un padrón oficial cerrado del Estado peruano.
El caso peruano se suma a un patrón internacional más amplio. Un informe de FIDH, Truth Hounds y KIBHR sostiene que Rusia reclutó al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países desde 2022, con mecanismos que en algunos casos podrían constituir trata de personas. Para Perú, el desafío inmediato es doble: identificar a los reclutadores y acelerar la repatriación de quienes siguen en zona de riesgo.