El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, oficializó este martes la creación de un fondo de emergencia de $2.000 millones destinado al sector de la discapacidad. La medida busca garantizar el funcionamiento de instituciones que enfrentan un riesgo inminente de cierre debido al retiro de aportes del Gobierno nacional. Los recursos se orientarán a cubrir gastos corrientes, sueldos de profesionales y la compra de insumos básicos que el sistema central dejó de financiar.
Las instituciones de la #discapacidad están en una situación de emergencia total debido al retiro de los aportes del Gobierno nacional. Por eso, creamos #CórdobaSostiene, un fondo de emergencia para discapacidad por $2.000 millones.
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 5, 2026
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La presentación del programa "Córdoba Sostiene" ocurrió en el Centro Cívico ante referentes de más de 200 organizaciones sociales de toda la provincia. Durante el acto, el mandatario provincial cuestionó con dureza la falta de ejecución de las leyes nacionales y el impacto social del ajuste fiscal. Según datos oficiales, la provincia debe absorber responsabilidades que exceden su órbita para evitar un colapso del sistema sanitario y de contención.

El nuevo fondo de $2.000 millones permite a las instituciones solventar honorarios profesionales y gastos de funcionamiento que antes cubría la Nación. Llaryora explicó que esta asistencia extraordinaria surge para que las organizaciones no quiebren ante la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El gobernador remarcó que las políticas en este ámbito deben ser transversales y centradas en el cuidado de las personas afectadas.
“Nuestra intención es sostener el entramado institucional para que nadie se sienta solo”, puntualizó el mandatario cordobés durante el anuncio. La medida busca compensar el retiro de aportes del programa social nacional Incluir Salud y los retrasos sistemáticos de la obra social PAMI. El presupuesto provincial funciona como un salvataje para fundaciones, centros de rehabilitación y organizaciones no gubernamentales con personería jurídica.
La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, denunció que el Gobierno nacional adeuda $3.500 millones mensuales solo por el programa Incluir Salud. La funcionaria destacó que, aunque Córdoba mantiene el superávit fiscal, el mérito reside en garantizar primero las necesidades básicas de los integrantes de la sociedad. Montero exigió que dejen de usar la palabra "fraude" como justificación para aplicar recortes sobre el sector de la discapacidad.

Por su parte, Llaryora estimó que la deuda acumulada por el PAMI con la provincia ronda los $5.000 millones de pesos. El gobernador advirtió que las provincias y los municipios no pueden suplir indefinidamente lo que la administración central dejó de hacer. “Es increíble que en Argentina se voten leyes y no se ejecuten”, enfatizó al reclamar el cumplimiento efectivo de la normativa nacional.
El gobernador utilizó la situación del sudeste provincial para ejemplificar lo que calificó como una “crueldad nunca vista”. En la localidad de Marcos Juárez, el cierre de la única clínica privada que atendía a jubilados dejó a 5.500 afiliados del PAMI sin cobertura médica local. Esta falta de pagos obligó a que las familias deban trasladar a los adultos mayores hasta Villa María o Bell Ville para recibir atención.
Ante esta emergencia, la Provincia destinó $150 millones para reforzar el hospital público local con nuevas camas de internación, médicos y ambulancias de alta complejidad. Llaryora subrayó que, si bien el sistema provincial responde a la urgencia, el PAMI debe prestar los servicios que corresponden a sus afiliados. La crisis en Marcos Juárez se agravó desde abril y refleja la tensión extrema en toda la red de prestadores del interior.
Los $2.000 millones del nuevo programa complementan los $4.500 millones ya asignados al Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Esa partida inicial, creada por la Ley 10.928 a finales de 2023, financia proyectos de autonomía, accesibilidad e inserción laboral. Solo durante el año 2025, ese fondo acompañó a 181 instituciones sociales en emprendimientos que favorecen la independencia de las personas.

En promedio, cada organización recibió cerca de $10,3 millones para fortalecer sus iniciativas territoriales durante el año anterior. El 55% de esas organizaciones radican en el interior provincial, demostrando el alcance federal de la asistencia cordobesa. Sin embargo, la aceleración de la crisis nacional provocó que muchas de estas entidades requieran ahora el salvataje de emergencia para no desaparecer.
Las instituciones interesadas en acceder al fondo "Córdoba Sostiene" deben cumplir obligatoriamente con la personería jurídica vigente inscrita en el IPJ. El programa amplía la asistencia que ya recibieron semanas atrás una veintena de organizaciones de larga trayectoria como Apadim o el Cottolengo Don Orione. El objetivo es impedir que el colapso del sistema nacional arrastre a las redes comunitarias locales.
👉 “Córdoba Sostiene” surge como respuesta a la crisis que atraviesan las instituciones por la falta de aplicación por parte del Gobierno nacional de la dos veces sancionada Ley de Emergencia en discapacidad, situación que se vio agravada al dejar de percibir aportes de Pami y… pic.twitter.com/vvYW0LbXLP
— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) May 5, 2026
El Gobierno de Córdoba habilitó los números telefónicos (0351) 302-8929 y 347-9527 para realizar consultas técnicas sobre el proceso de aplicación. También está disponible la casilla de correo electrónico [email protected] para el envío de documentación. Esta medida de auxilio busca sostener el empleo de los profesionales del área que, en muchos casos, dejaron de percibir sus haberes.
TM