El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, formalizó un acuerdo con el gobierno de Javier Milei para acceder a un anticipo de coparticipación por $325.000 millones. La medida, oficializada por decreto, se inscribe en una estrategia nacional de financiamiento a provincias con condiciones más favorables que las del mercado.
El convenio, firmado con el secretario de Hacienda Carlos Guberman, prevé el desembolso en tres tramos durante 2026: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto. Se trata de una inyección significativa de recursos en un contexto de caída de la recaudación y tensiones fiscales.
Uno de los puntos centrales es la tasa: el 15% nominal anual, muy por debajo de los niveles actuales del sistema financiero. Este diferencial le permite a la provincia acceder a financiamiento más barato, aunque con devolución asegurada a través de la coparticipación futura.
Desde la gestión de Cornejo, con el ministro de Hacienda Víctor Fayad como articulador, sostienen que el objetivo es mejorar la administración financiera, acortar plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones estratégicas sin depender de procesos externos más lentos.

El esquema de devolución contempla cuatro cuotas mensuales desde agosto de 2026, con intereses a cancelar posteriormente mediante retenciones automáticas sobre recursos coparticipables. Esto asegura el repago, pero también condiciona ingresos futuros.
Más allá de lo técnico, el acuerdo tiene lectura política. Refleja un vínculo funcional entre la Nación y una provincia gobernada por un aliado, en un momento donde el Gobierno busca sostener respaldo territorial para su programa económico.
El destino de los fondos será amplio: desde cubrir desfasajes estacionales hasta sostener el sistema de transporte público y financiar obras de capital. También se apunta a reducir costos financieros derivados de deudas con proveedores.
El punto de tensión está en el mediano plazo. Si bien el crédito mejora la liquidez inmediata, compromete recursos futuros en un escenario económico todavía incierto. En ese equilibrio entre alivio presente y condicionamiento posterior se juega el impacto real del acuerdo.