Diputados: por qué podría haber más barcos extranjeros en puertos de Argentina

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone modificar el régimen de navegación y comercio de cabotaje en Argentina, con el objetivo de introducir mayor flexibilidad operativa en el transporte fluvial y marítimo.

La iniciativa apunta a actualizar una normativa vigente desde mediados del siglo XX y adaptarla a las necesidades actuales del sistema logístico y productivo.

Qué cambia: el eje de la reforma

El proyecto plantea modificaciones puntuales a los artículos 3° y 6° del Decreto-Ley N.º 19.492/44, que regula el cabotaje nacional.

En términos generales, mantiene el principio de que el transporte entre puertos argentinos está reservado a buques de bandera nacional, pero amplía las excepciones para permitir la participación de embarcaciones extranjeras en determinados casos.

Según el texto, los buques extranjeros “sólo podrán ejercer navegación y comercio internacional”, aunque se introduce una remisión directa a las excepciones previstas en la ley.

Más excepciones y criterios más amplios

Uno de los puntos centrales es la reformulación del artículo 6°, que habilita a la autoridad de aplicación a habilitar la participación de barcos extranjeros en el cabotaje cuando existan razones de interés público, eficiencia logística, integración regional o insuficiencia de oferta nacional.

Además, se incorporan nuevas posibilidades operativas, como:

• La realización de escalas en múltiples puertos argentinos dentro de un mismo itinerario.
• El transporte de cargas entre esos puertos cuando forme parte de un circuito internacional o regional.
• La continuidad de operaciones sin necesidad de pedir autorización en cada escala.

El proyecto también prevé que estas autorizaciones puedan otorgarse de manera general, automática o por tiempo determinado, en lugar del esquema actual, que se analiza caso por caso.

Control estatal y resguardo de la marina mercante

Para evitar impactos negativos en el sector local, la iniciativa incorpora mecanismos de control. Los buques autorizados deberán cumplir con las normas de seguridad, protección ambiental, régimen fiscal y condiciones laborales vigentes.

Asimismo, se establece que la autoridad de aplicación deberá evaluar periódicamente el impacto de estas medidas sobre la marina mercante nacional y enviar informes trimestrales al Congreso.

También se contempla la posibilidad de aplicar criterios de reciprocidad con otros países, una herramienta habitual en el comercio internacional.

Por qué se impulsa la reforma

En los fundamentos, los autores sostienen que el régimen actual responde a un contexto histórico muy diferente. Señalan que la normativa fue diseñada en un escenario de baja conectividad y limitada competencia internacional, con el objetivo de proteger la marina mercante nacional.

Sin embargo, advierten que hoy el sistema enfrenta nuevos desafíos vinculados a los costos logísticos, la competitividad y la integración territorial. En ese sentido, consideran que “la persistencia de un esquema rígido de reserva de cabotaje, sin mecanismos ágiles de flexibilización, genera distorsiones que impactan negativamente en la economía nacional”.

El rol clave de la Hidrovía Paraguay–Paraná

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la necesidad de potenciar la Hidrovía Paraguay–Paraná, considerada estratégica para el comercio exterior argentino y la integración regional.

Según se explica, el actual marco normativo limita la posibilidad de optimizar este corredor, ya que restringe la operatoria de buques extranjeros en el tráfico entre puertos nacionales, incluso cuando forman parte de circuitos internacionales.

La reforma busca facilitar esa dinámica, permitiendo una circulación más eficiente de mercancías, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad de las exportaciones.

Un equilibrio entre apertura y protección

Los autores del proyecto destacan que la iniciativa no elimina el principio de reserva del cabotaje, sino que propone una flexibilización “gradual y regulada”. El objetivo, aseguran, es encontrar un equilibrio entre la protección de la marina mercante nacional y la necesidad de modernizar el sistema de transporte.

En ese marco, sostienen que la propuesta permitirá “aprovechar de manera más plena las capacidades existentes” y favorecer el desarrollo económico, sin desnaturalizar el esquema vigente.

De esta forma, la iniciativa firmada por los legisladores radicales Diógenes González, Guillermo Agüero y Darío Schneider, abre un nuevo debate sobre el futuro del transporte fluvial y marítimo en Argentina.