Ficha Limpia y propiedad privada: el Gobierno negocia para votar en una semana

El oficialismo activó una negociación contrarreloj en el Senado para aprobar en menos de una semana dos proyectos centrales de su agenda parlamentaria: Ficha Limpia y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con respaldo del PRO, la UCR y bloques provincialistas, La Libertad Avanza ya trabaja para llevar ambas iniciativas al recinto el próximo jueves 14 de mayo.

La principal novedad es que el Gobierno aceptó dividir el tratamiento de la reforma electoral y sacar del paquete el proyecto de Ficha Limpia, una maniobra pensada para evitar resistencias entre sus aliados y garantizar una mayoría más sólida en la Cámara alta.

El acuerdo terminó de consolidarse durante una nueva reunión del llamado “Grupo de los 44”, integrado por senadores libertarios y espacios dialoguistas que hoy funcionan como sostén parlamentario del oficialismo.

“Vamos a llegar a la posición en la que tengamos mayoría”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras desde el PRO confirmaban que Ficha Limpia comenzará a tratarse en comisión la próxima semana.

Concesiones para destrabar votos

Para acelerar el dictamen, La Libertad Avanza también aceptó modificar algunos artículos sensibles de la ley de propiedad privada. Entre los cambios más relevantes, resolvió mantener el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) bajo administración federal y revisar apartados vinculados a desalojos exprés y venta de tierras a extranjeros.

Con esas concesiones, el oficialismo quedó más cerca de blindar los votos necesarios para avanzar con una sesión exprés.

Además, el Gobierno busca sumar al temario el pliego para extender la permanencia del juez Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas.

Caputo también se metió en la negociación

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con senadores aliados para intentar avanzar con la aprobación de un plan de pago por 171 millones de dólares a fondos buitre que litigaban contra la Argentina desde el default de 2001.

El oficialismo necesita resolver ese expediente antes del 31 de mayo, fecha límite acordada tras una prórroga otorgada por la Justicia estadounidense.