Reforma sensible
07/05/2026 - Edición Nº1185
Política
DEBATE
Ley de Salud Mental: el riesgo que enciende a profesionales y familias
07/05/2026 | Autoridades de salud mental defendieron la Ley 26.657 ante el Senado y alertaron sobre reformas que podrían restringir derechos.
El debate por la ley de salud mental promete ser de lo más importante del año
La discusión por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental sumó un nuevo capítulo y esta vez con una señal institucional fuerte. Autoridades de los Órganos de Revisión de Salud Mental de distintas provincias y jurisdicciones del país enviaron una nota formal a la Comisión de Salud del Senado de la Nación para expresar su preocupación por el proyecto que busca modificar la Ley 26.657. En el documento, los organismos respaldaron el espíritu de la normativa vigente y alertaron sobre posibles consecuencias regresivas en materia de derechos, autonomía personal y abordaje interdisciplinario de la salud mental.
La ley actual, sancionada en 2010, estableció un cambio profundo en el modelo de atención en Argentina. Su eje central es reemplazar el paradigma manicomial por un sistema comunitario, interdisciplinario y orientado a garantizar derechos humanos. Dentro de ese esquema, las internaciones deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y sujetas a controles específicos. Precisamente sobre ese punto aparecen algunas de las mayores objeciones al proyecto de reforma.
Los organismos señalaron que la iniciativa propone modificar el criterio de “riesgo cierto e inminente” —actualmente requerido para justificar internaciones involuntarias— por el concepto de “riesgo grave”, una formulación que, según advirtieron, podría ampliar considerablemente los márgenes de intervención estatal y habilitar interpretaciones más flexibles para restringir libertades individuales.
Más burocracia, menos salud
Los firmantes remarcaron que el proyecto -de ser ley- incrementaría la intervención judicial en los procesos de internación, alterando el esquema actual de controles sanitarios y técnicos previsto por la ley. Para los firmantes, esto podría generar mayores niveles de burocratización y desplazar el enfoque sanitario hacia una lógica predominantemente judicial.
Hospital Borda.
Otro de los puntos observados está relacionado con las internaciones voluntarias. Según expresaron en la presentación enviada al Senado, algunas restricciones contempladas en la reforma podrían impactar negativamente tanto en el acceso atratamientos como en la autonomía de las personas usuarias del sistema de salud mental.
No perder el foco
Los cuestionamientos también alcanzaron al modelo interdisciplinario establecido por la Ley 26.657. Los Órganos de Revisión señalaron posibles afectaciones a la participación de equipos integrados por distintas disciplinas y advirtieron sobre una eventual pérdida de protagonismo de usuarios, familiares y organizaciones vinculadas a la defensa de derechos en salud mental.
La nota fue remitida en medio de un debate que viene generando fuertes discusiones dentro del ámbito sanitario, judicial y político. Mientras sectores que impulsan cambios sostienen la necesidad de revisar aspectos operativos de la ley, organismos especializados y organizaciones de derechos humanos insisten en que cualquier modificación debe preservar los principios centrales del sistema vigente.
El quid de la cuestión
Detrás de la discusión técnica aparece una disputa mucho más profunda: qué modelo de salud mental quiere la Argentina y hasta dónde puede avanzar el Estado sobre decisiones vinculadas a la autonomía personal y las internaciones involuntarias.
Por ahora, el debate sigue abierto en el Senado. Pero la intervención de los Órganos de Revisión sumó presión institucional y volvió a colocar en el centro de la escena una discusión sensible, atravesada por derechos humanos, políticas sanitarias y garantías individuales.
Desdel el lado opuesto, el caso paradigmático es el de Marina Charpentier, madre del cantante Chano, como una ferviente activista por la modificación del régimen actual.
La mujer -que como madre abrazó la causa- sostiene que la legislación vigente dificulta las internaciones en casos de adicciones y crisis psiquiátricas severas, dejando a las familias “sin herramientas” para intervenir.
