Tapia le pegó un portazo al Gobierno: el misterio de USD 450 millones en AFA

La sede histórica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la calle Viamonte mantuvo este jueves las persianas bajas y una negativa rotunda a recibir a los inspectores nacionales. Los veedores designados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, intentaron cumplir con la orden de iniciar una fiscalización de 180 días sobre las cuentas de la entidad. Sin embargo, el operativo terminó en un desplante administrativo cuando los funcionarios debieron deslizar las notificaciones oficiales por debajo del portón de hierro ante la ausencia de autoridades.

Este nuevo episodio marca el punto de no retorno en la relación entre la Casa Rosada y la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia. El Gobierno nacional sospecha de irregularidades sistémicas en el manejo de los fondos que ingresan a la casa madre del fútbol, especialmente en lo referido a contratos internacionales y transferencias de derechos comerciales. La negativa a permitir el ingreso de los técnicos técnicos reforzó la intención del Ministerio de Justicia de evaluar medidas de fuerza para acceder a los libros contables de forma obligatoria.

Claudio Tapia le pegó un portazo al Gobierno al cerrar la sede de Viamonte 1366 justo el día en que debían asumir los veedores, apelando a una supuesta mudanza al partido de Pilar para escapar del control de la IGJ. El misterio de los 450 millones de dólares responde a inconsistencias detectadas por los auditores en los balances de los últimos ocho años, las cuales incluyen falta de documentación respaldatoria, contratos con empresas bajo sospecha de lavado de dinero y la creación de una universidad interna que nunca fue registrada ante las autoridades competentes.

El desplante de la AFA y el papel dejado en el piso

Los veedores Diego Coste y Miguel Pappacena llegaron este jueves a las 13:00 horas al edificio central de la AFA en el barrio porteño de San Nicolás. El objetivo era presentar el requerimiento formal de balances, libros societarios y registros internos para iniciar la veeduría administrativa de seis meses. No obstante, se encontraron con un inmueble sin actividad y un cartel pegado en el ingreso que rezaba: "Cerrado, dirigirse a Mercedes 1300, Pilar". Ante la falta de interlocutores, los enviados oficiales optaron por dejar un cuestionario de cuatro páginas y la notificación de la veeduría por debajo de la puerta.

Tras el fallido ingreso en Viamonte, los técnicos se trasladaron a la sede de la Superliga en Puerto Madero, donde sí lograron entrar y presentar la documentación. Si bien allí fueron atendidos, los representantes del fútbol recibieron la notificación "en disconformidad" y adelantaron que apelarán la designación de los veedores en el marco de la causa judicial en trámite. Desde el entorno del ministro Mahiques advirtieron que, de persistir esta falta de colaboración, la cartera evaluará "medidas compulsorias" para forzar el acceso a la información contable.

El agujero negro de USD 450 millones en los balances de Tapia

La investigación que impulsa la Inspección General de Justicia (IGJ) se centra en una brecha financiera que la AFA no logró explicar satisfactoriamente. Según los informes técnicos que dieron origen a la intervención, la entidad falló en justificar el destino y origen de aproximadamente 450 millones de dólares durante los últimos ocho ejercicios contables. Esta cifra disparó las alarmas en el organismo de control, que detectó demoras sistemáticas en la presentación de la documentación aclaratoria de los estados contables cerrados a mediados del año pasado.

Los auditores buscan determinar si existió un desvío de fondos en acuerdos celebrados por la actual conducción, afectando la solvencia de la institución civil sin fines de lucro. La denuncia de la IGJ sostiene que la falta de transparencia es una constante en las operaciones económicas y estructuras administrativas de la asociación. El Gobierno nacional considera que esta auditoría de 180 días es el grado más bajo de fiscalización necesario para verificar si los ingresos por derechos de televisión y sponsors nacionales se encuentran debidamente registrados.

La mudanza fallida a Pilar para esquivar los controles nacionales

El intento de Claudio Tapia de trasladar la sede social de la AFA al partido bonaerense de Pilar es interpretado por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la jurisdicción porteña. Al mudarse a la provincia de Buenos Aires, la entidad quedaría bajo la órbita de organismos bonaerenses, lejos del control directo de la IGJ nacional. Sin embargo, esta maniobra ya recibió un rechazo formal del organismo estatal al verificarse que en el predio de la calle Mercedes 1300 no existen instalaciones administrativas operativas ni funciona la gestión real de la entidad.

Mientras la AFA sostiene que su sede legal es Pilar, los inspectores confirmaron hoy que el edificio de la calle Viamonte sigue siendo el centro operativo histórico que ahora permanece cerrado para evitar la fiscalización. Este conflicto de competencias promete escalar hasta la Corte Suprema si el Gobierno decide avanzar con el auxilio de la fuerza pública para abrir las oficinas.

SurFinanzas y TourProdEnter: los contratos internacionales bajo la lupa

Dentro del expediente judicial aparecen investigaciones sobre operaciones vinculadas a firmas señaladas como agentes comerciales exclusivos de la Selección Argentina. Una de ellas es TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, que manejó transferencias millonarias y circuitos financieros que despertaron sospechas en organismos estatales por presunto desvío de fondos. El Gobierno busca acceder a estos contratos específicos para entender cómo se distribuyeron las ganancias de las últimas giras internacionales y los derechos de imagen de los jugadores.

Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300… https://t.co/MKNQTTwEdJ

— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 15, 2025

A esto se suma la relación comercial con SurFinanzas, una empresa que también se encuentra bajo observación por presuntas irregularidades tributarias y vínculos con el manejo institucional del organismo. Las denuncias impulsadas por ARCA (ex AFIP) agravaron el clima de confrontación al presentar acusaciones penales relacionadas con retenciones y aportes de seguridad social que no fueron ingresados correctamente. Los investigadores apuntan a un patrón de falta de transparencia en acuerdos clave que involucran divisas extranjeras y cuentas en el exterior.

Por qué el Ministerio de Justicia activó la veeduría administrativa

La decisión de avanzar con el control estatal surgió tras las críticas por las demoras en las inspecciones y los cuestionamientos al antiguo vínculo de la familia Mahiques con los popes de la AFA. Cabe recordar que Esteban Mahiques, actual jefe de Gabinete del ministerio, formó parte del Tribunal de Disciplina de la entidad en el pasado. Para despejar dudas sobre favoritismos, el Ministerio de Justicia dio vía libre a los veedores Diego Coste y Miguel Pappacena para que activen el proceso de 180 días hábiles que habilita a solicitar balances y contratos de forma directa.

La ofensiva oficial tiene como antecedente la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, quien ya había denunciado inconsistencias graves antes de su salida. En aquel momento, la AFA acusó al Gobierno de "persecución política" y de vulnerar la autonomía del fútbol. No obstante, el Ejecutivo ratificó hoy que la veeduría técnica tiene que seguir adelante hasta que un juez dictamine lo contrario. El primer paso administrativo de este jueves, aunque frustrado por las puertas trabadas en Viamonte, pone en marcha el cronograma legal para una intervención de mayor impacto si las respuestas siguen sin aparecer.

TM