8 de mayo: la fecha que recuerda los derechos que el Estado debe garantizar

Cada 8 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, una fecha que busca visibilizar los abusos cometidos por fuerzas de seguridad y organismos del Estado, además de reforzar el reclamo por memoria, justicia y respeto a los derechos humanos.

La jornada fue establecida por la Ley 26.811 en homenaje a las víctimas del llamado “Caso Budge”, ocurrido en 1987 en Ingeniero Budge, cuando Agustín Olivera, Héctor “Negro” Gómez y Pablo Fernández fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense mientras estaban reunidos en una esquina del barrio.

En un primer momento, la versión policial habló de un supuesto enfrentamiento y de un intento de robo. Sin embargo, vecinos y familiares desmintieron rápidamente esa reconstrucción y denunciaron que los jóvenes estaban desarmados. La presión social terminó siendo determinante para que el caso no quedara impune.

Un antes y un después

Con el paso de los años, el “Caso Budge” se transformó en uno de los antecedentes más importantes en la lucha contra el gatillo fácil en democracia. Para muchos organismos de derechos humanos, ese episodio marcó un punto de inflexión en la manera de denunciar públicamente la violencia policial en Argentina.

Además, fue uno de los primeros casos en los que familiares, vecinos y organizaciones sociales lograron sostener una movilización constante para exigir justicia. Esa construcción colectiva terminó sirviendo como referencia para otros reclamos similares en distintas provincias del país.

Cuando se habla de violencia institucional no solo se hace referencia a asesinatos o desapariciones. También abarca detenciones arbitrarias, torturas, abusos en cárceles y comisarías, persecuciones policiales y otras prácticas donde el Estado vulnera derechos básicos de las personas.

El reclamo que sigue vigente

Cada 8 de mayo, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos realizan actividades, charlas, murales y actos conmemorativos para mantener viva la memoria de las víctimas y reclamar políticas que eviten nuevos abusos.

La fecha también pone el foco en una discusión que sigue abierta en Argentina: el control sobre las fuerzas de seguridad y las condiciones en las que muchas personas permanecen detenidas en cárceles y comisarías del país.

Porque detrás de cada caso hay familias atravesadas por el dolor, barrios enteros marcados por la violencia y una sociedad que todavía sigue reclamando verdad, justicia y garantías para que estos hechos no vuelvan a repetirse.