Las cárceles federales bajo la lupa: crecen los reclamos por salud y acceso a la Justicia

La mayoría de las personas detenidas que se comunicaron este año con la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) no llamaron para denunciar fugas, motines ni hechos espectaculares dentro de las cárceles federales. El principal motivo de los reclamos estuvo relacionado con algo mucho más básico: conseguir atención médica o poder acceder a la Justicia.

Así surge del informe “Análisis de las demandas telefónicas de las personas privadas de la libertad durante el año 2025”, presentado por la Procuvin en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora cada 8 de mayo.

El trabajo analizó 399 llamados recibidos en las líneas gratuitas de la dependencia especializada, que derivaron en 574 reclamos y 588 intervenciones concretas por parte del organismo.

Según el relevamiento, el 54% de las demandas estuvo vinculado al acceso a la salud y al acceso a la Justicia. En total, se registraron 149 reclamos por problemas médicos y 146 relacionados con cuestiones judiciales.

Las comunicaciones provinieron en un 95% de establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y fueron realizadas mayoritariamente por hombres privados de su libertad. También hubo llamados de mujeres detenidas y personas travesti-trans.

El informe expone además una radiografía de las principales tensiones dentro de los lugares de encierro. Después de salud y acceso a la Justicia, los reclamos más frecuentes estuvieron relacionados con condiciones de detención, pedidos de traslado o permanencia en determinados pabellones, acceso al trabajo y educación, vinculación familiar y situaciones de aislamiento.

También aparecieron denuncias por malos tratos del personal penitenciario, conflictos entre internos, problemas con la alimentación y hasta intentos de suicidio o autolesiones.

Uno de los puntos que más preocupa a la Procuvin es la situación vinculada con la atención sanitaria dentro de las cárceles federales. Aunque muchos de los reclamos provinieron de complejos penitenciarios que cuentan con infraestructura hospitalaria —como Ezeiza y Marcos Paz—, el informe remarca que las quejas se concentraron en las dificultades para recibir atención médica adecuada dentro de los penales.

Otro dato relevante es que el 43% de los pedidos de comunicación con dependencias judiciales estuvo relacionado con las propias condiciones de encierro. Para la procuraduría, eso refleja las barreras que todavía existen para que las personas privadas de libertad puedan ejercer de manera efectiva su derecho de acceso a la Justicia.

En paralelo, el informe identificó 83 reclamos vinculados con violencia o conflictividad intramuros. Dentro de ese universo, el 30% correspondió a medidas de protesta de los detenidos —como huelgas de hambre o incendios—, el 28% a denuncias por maltrato penitenciario y el 24% a situaciones de aislamiento solitario.

La Procuvin recordó además que el acceso a la Justicia de las personas detenidas no se limita a la posibilidad formal de presentar recursos judiciales, sino que requiere condiciones reales para poder ejercer ese derecho, incluyendo comunicación confidencial con defensores, acceso a información sobre las causas y ausencia de represalias dentro de los establecimientos penitenciarios.

El organismo, creado en 2013 dentro del Ministerio Público Fiscal, tiene entre sus funciones investigar hechos de violencia institucional y monitorear situaciones de vulneración de derechos en contextos de encierro.