El exministro de Defensa y actual diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para rechazar el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional para concesionar la Vía Navegable Troncal del Río Paraná, conocida popularmente como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La iniciativa reclama la suspensión inmediata de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025, y expresa una “profunda preocupación” por presuntas irregularidades técnicas, jurídicas, ambientales e institucionales detectadas en el procedimiento.
El proyecto también apunta contra el desmantelamiento de organismos estatales de control y advierte sobre riesgos para la soberanía nacional, el federalismo y la protección ambiental.
La Vía Navegable Troncal del Río Paraná constituye el principal corredor logístico de exportación del país. Por esa vía circula gran parte de las exportaciones agroindustriales argentinas, especialmente granos, harinas y aceites derivados de la soja.
La administración de la Hidrovía impacta directamente sobre:
En los fundamentos del proyecto, Taiana sostiene que la concesión “no puede desvincularse de la responsabilidad indelegable del Estado respecto del control de aquello que ingresa y egresa del territorio nacional”.
La iniciativa parlamentaria exige al Poder Ejecutivo que suspenda de manera inmediata el procedimiento licitatorio hasta que se esclarezcan todas las denuncias presentadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
Entre las principales objeciones señaladas aparecen:
Según Taiana, el esquema impulsado por el Gobierno “parece subordinar el interés nacional a criterios estrictamente mercantiles”.
Uno de los puntos más delicados del proyecto está vinculado con supuestos documentos atribuidos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), utilizados como respaldo técnico dentro de la licitación.
De acuerdo con la denuncia citada en el texto, una pericia informática habría detectado inconsistencias que ponen en duda la autenticidad de esos documentos.
Entre las observaciones señaladas aparecen:
Taiana advierte que la eventual utilización de documentación falsa “compromete gravemente la legalidad administrativa y erosiona la confianza institucional sobre un proceso de enorme relevancia estratégica”.

El proyecto también cuestiona la eliminación de organismos federales vinculados al control y gestión de la vía navegable.
Particularmente, menciona la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, una medida que, según el diputado, debilita la fiscalización estatal y reduce la participación de las provincias ribereñas.
“La supervisión de la vía navegable no puede quedar subordinada a mecanismos propios del mercado”, sostiene el texto presentado en Diputados.
Además, remarca que sin controles efectivos el Estado pierde capacidad para verificar “qué se draga, cuánto se draga y qué tipo de embarcaciones transitan por una vía estratégica para la Nación”.
𝐏𝐄𝐃𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐀 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐈𝐑𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐘 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐀 𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐀𝐏𝐎𝐂𝐑𝐈𝐅𝐎𝐒… pic.twitter.com/lPuNAeBTKX
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) May 7, 2026
Otro de los ejes centrales del proyecto está relacionado con el impacto ambiental de las obras previstas en la Hidrovía.
Taiana cuestiona la falta de estudios integrales sobre la profundización del calado del Río Paraná, proyectada para alcanzar entre 40 y 44 pies.
Según el documento, distintas presentaciones judiciales y técnicas alertaron sobre posibles consecuencias para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales y la fauna ictícola.
También se cuestiona la falta de información sobre los sitios de descarga del material extraído mediante dragado y la exclusión de sectores considerados críticos, como el Río Paraná Guazú.
En el plano económico, el proyecto critica el esquema tarifario previsto en los pliegos de concesión.
Taiana sostiene que el sistema de bandas tarifarias con precios mínimos y máximos termina funcionando como una garantía de ingresos para el concesionario privado y podría trasladar costos a productores y usuarios de la vía navegable.
Además, advierte que el modelo planteado privatiza ganancias mientras deja abiertos riesgos financieros y ambientales que eventualmente podrían recaer sobre el Estado nacional.
Por eso, el diputado reclama que el Gobierno informe con claridad los costos reales de operación, la composición societaria de los grupos oferentes y los mecanismos de auditoría y control previstos.
Así, el texto presentado en Diputados solicita suspender inmediatamente la licitación, investigar las denuncias vinculadas a documentos presuntamente falsos y garantizar participación federal de las provincias ribereñas.
También restablecer mecanismos efectivos de control estatal y asegurar transparencia y protección ambiental en futuros procesos concesionales.
De esta manera, el proyecto impulsado por Taiana busca instalar nuevamente en el Congreso la discusión sobre el rol del Estado en la administración del corredor exportador más importante de la Argentina y abre un nuevo frente de conflicto político alrededor de una de las licitaciones más sensibles del Gobierno nacional.