Marcha Federal de la Salud: 40% más de pacientes y el aviso límite para junio

Las organizaciones sindicales y los profesionales del sector sanitario lanzaron este viernes una convocatoria masiva para la Marcha Federal de la Salud, que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo frente a la sede del Ministerio de Salud de la Nación. La medida de fuerza surge como respuesta a lo que califican como un vaciamiento sistémico que pone en riesgo la atención básica en todo el país. Los trabajadores estatales, nucleados en ATE y CICOP, exigen al ministro de Salud, Mario Lugones, una respuesta inmediata ante la falta de insumos y el deterioro salarial que afecta a las guardias y servicios críticos de los hospitales públicos.

La situación alcanzó un punto de máxima tensión luego de que los directores de hospitales universitarios y referentes de la salud pública emitieran un diagnóstico preocupante sobre la viabilidad del sistema en el corto plazo. La movilización del 20 de mayo pretende visibilizar que el colapso no es una posibilidad futura, sino una realidad que ya impacta en la postergación de cirugías, la falta de vacunas y el recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y sectores vulnerables. El epicentro de la protesta será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se esperan réplicas en las principales capitales provinciales.

La convocatoria al 20 de mayo y el reclamo de los estatales

Las seccionales de ATE Buenos Aires y CICOP ratificaron este viernes el llamado a la movilización federal bajo la consigna "El ajuste de Milei mata". Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE bonaerense, expresó que la situación en los centros asistenciales como el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata es insostenible. La dirigente señaló que el pueblo no soporta más las consecuencias de las políticas actuales y vinculó el ajuste presupuestario con el aumento de indicadores críticos de vulnerabilidad social que repercuten directamente en la atención primaria de los niños y las familias bonaerenses.

Por su parte, Pablo Maciel, secretario general de CICOP, denunció que existe un impacto sanitario incalculable debido a que millones de personas quedaron sin sus tratamientos o médicos de cabecera. La organización gremial advierte que la presión sobre el sistema público aumentó de manera exponencial en los últimos meses. Las asambleas realizadas en diversos efectores de salud coincidieron en que la marcha nacional es la única herramienta para forzar una mesa de negociación con las autoridades nacionales, quienes hasta el momento mantuvieron una postura de austeridad extrema frente a los reclamos del sector.

El límite de junio y el desborde por la caída de las prepagas

La Marcha Federal de la Salud se fundamenta en una advertencia crítica de los directores de hospitales universitarios, quienes afirmaron que los fondos actuales solo alcanzan hasta junio debido a que el sistema público absorbió un 40% más de pacientes provenientes de prepagas y obras sociales, todo en un contexto donde el Presupuesto 2026 recortó un 13,7% las partidas reales del sector. Este fenómeno de migración forzada hacia lo público saturó las guardias y los turnos externos, generando demoras que superan los tres meses para especialidades básicas. Los profesionales aseguran que, sin un refuerzo presupuestario urgente, el sistema entrará en una parálisis técnica antes del inicio del invierno.

Damián Zamorano, referente de FESINTRAS, alertó que estamos frente a un posible riesgo de colapso sanitario si no se revierte la falta de envío de vacunas por parte del Estado nacional. El sistema recibe dosis de manera discontinua, lo que dificulta las campañas de prevención contra enfermedades respiratorias en adultos mayores y pacientes pediátricos. La insensibilidad que los gremios atribuyen al gobierno nacional se traduce en el cierre de programas como el Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros de salud barriales, obligando a los pacientes a abandonar tratamientos crónicos.

El Presupuesto 2026 y el recorte real en la función salud

En diciembre de 2025, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primero diseñado íntegramente por la gestión de Javier Milei. Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmaron que la Función Salud sufrió una caída real del 13,7% en sus partidas específicas en comparación con el ejercicio anterior. Mientras que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, recibió un incremento del 80% real, las áreas encargadas de la prevención de enfermedades y el acceso a medicamentos sufrieron ajustes drásticos que hoy se sienten en las ventanillas de los hospitales.

El presupuesto aprobado también derogó garantías de financiamiento en áreas sensibles como la discapacidad y el financiamiento universitario, afectando indirectamente a la red de hospitales que dependen de las universidades nacionales. A pesar de que el Ejecutivo nacional proyectó un aumento nominal en algunas partidas, la inflación y el aumento de los costos de los insumos médicos importados anularon cualquier incremento formal. Esta arquitectura financiera es la que los sanitaristas señalan como el origen del desfinanciamiento que impide hoy la compra de sueros, gasas y reactivos básicos para los laboratorios estatales.

El conflicto del Hospital Garrahan y la renuncia del ministro

La tensión actual tiene un antecedente inmediato en la gran movilización que protagonizaron los trabajadores del Hospital Garrahan en julio de 2025. En aquella oportunidad, miles de médicos y empleados marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la renuncia del ministro Mario Lugones y rechazar el cambio en el sistema de residencias médicas. El documento final de aquella jornada calificó la gestión como un "estrangulamiento financiero disfrazado de austeridad" y denunció la fuga de recursos humanos altamente capacitados hacia el sector privado o el exterior debido a los salarios por debajo de la línea de pobreza.

Durante esa protesta, el ministro Lugones respondió que el problema del hospital pediátrico era de gestión y eficiencia, no solo de recursos. El funcionario defendió el aumento nominal del presupuesto y acusó a los gremios de utilizar la salud como una bandera partidaria. Sin embargo, los profesionales de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) mantuvieron las medidas de fuerza, advirtiendo que la pérdida de especialistas con diez años de formación era un daño irreparable para la salud pública. Ese conflicto sentó las bases de la unidad gremial que hoy convoca a la nueva marcha del 20 de mayo.

La emergencia en salud mental y el aumento de la demanda social

La crisis económica actual generó una emergencia dentro de la emergencia: el deterioro de la salud mental de la población. Pablo Torres, dirigente de CICOP y psicólogo, describió un panorama brutal donde la demanda en los servicios de salud mental creció mientras los presupuestos se contraen. La Ley Nacional de Salud Mental preveía una asignación del 10% del presupuesto total de salud para el área, pero actualmente la inversión se encuentra por debajo del 2%. Esta brecha impide la creación de dispositivos de atención comunitaria y hogares de día para pacientes con padecimientos graves.

El impacto de la desocupación y la pobreza se manifiesta en un incremento alarmante de las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes. Los especialistas coinciden en que la salud no se decide únicamente en los quirófanos, sino en el acceso a una alimentación digna y a un ambiente social estable. La falta de personal de enfermería especializado y el desabastecimiento de medicación psicotrópica agravan un cuadro que los sanitaristas definen como un retroceso de décadas en materia de derechos sociales. La marcha federal buscará poner en la agenda pública que la desmanicomialización sin recursos es, en la práctica, un abandono de los pacientes.