Fallo en Santa Rosa: la ley de Glaciares sigue vigente y crece la tensión federal

El gobierno de La Pampa, encabezado por Sergio Ziliotto, sufrió un revés judicial luego de que la Justicia federal rechazara el pedido para suspender la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Congreso nacional.

La decisión fue tomada por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien desestimó la medida cautelar presentada por la provincia al considerar que no existían pruebas suficientes sobre un daño ambiental “concreto, actual e inminente”.

El planteo de La Pampa

La presentación había sido impulsada por el Ejecutivo pampeano junto a la Fiscalía de Estado y organizaciones vinculadas a la agenda ambiental. El objetivo era declarar la inconstitucionalidad de la nueva Ley 27.804 por entender que representa un “retroceso normativo” en la protección de glaciares y ambientes periglaciares.

Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1

— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026

Según el planteo, la reforma reduce áreas protegidas, flexibiliza restricciones ambientales y otorga más margen de decisión a las provincias sobre las evaluaciones de impacto ambiental.

Además, los demandantes advirtieron sobre un posible debilitamiento del rol técnico del IANIGLA y del Inventario Nacional de Glaciares, lo que —según sostienen— podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles y afectar reservas estratégicas de agua dulce.

La respuesta del juez

En el fallo, Baric sostuvo que la demanda cuestiona la ley “en abstracto” y que no se identificaron proyectos específicos, glaciares afectados ni consecuencias directas derivadas de la reforma.

“El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, señaló el magistrado, quien además citó el antecedente “Thomas” de la Corte Suprema sobre los límites para suspender leyes de alcance general mediante cautelares judiciales.

El juez también advirtió que una suspensión nacional de la norma tendría “significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes”, marcando un límite al avance judicial sobre decisiones tomadas por el Congreso.

La causa sigue abierta

Pese al rechazo de la cautelar, el conflicto judicial está lejos de cerrarse. El juzgado declaró formalmente procedente el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional para que responda la demanda.

Además, el expediente fue incorporado al Registro Público de Procesos Colectivos, por lo que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma continuará en tribunales.

Mientras tanto, la modificación de la Ley de Glaciares seguirá vigente y se convertirá en otro foco de tensión entre provincias, ambientalismo y sectores productivos vinculados a la minería y la explotación de recursos naturales.