A 9 años de la marcha contra el 2x1 para genocidas: una papa caliente para Macri

El 10 de mayo de 2017 quedó marcado como una de las movilizaciones más masivas en defensa de la política de derechos humanos desde el regreso de la democracia.

Cientos de miles de personas colmaron la Plaza de Mayo y las calles del centro porteño para rechazar el fallo de la Corte Suprema que habilitaba la aplicación del beneficio del “2x1” a condenados por delitos de lesa humanidad.

La protesta, impulsada por organismos de derechos humanos y acompañada por amplios sectores políticos, sindicales, sociales y culturales, no sólo expresó un rechazo transversal a la posibilidad de reducir penas a represores de la última dictadura militar.

También generó una fuerte tensión dentro del gobierno de Mauricio Macri, que durante varios días había evitado cuestionar con claridad la decisión judicial y terminó modificando públicamente su postura frente al impacto político y social del caso.

El fallo que abrió la polémica

La controversia comenzó el 3 de mayo de 2017, cuando la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, resolvió aplicar el beneficio del “2x1” al represor Luis Muiña, condenado por crímenes cometidos durante la dictadura.

La ley del 2x1 había estado vigente entre 1994 y 2001 y establecía que, luego de dos años de prisión preventiva sin condena firme, cada día de detención contaría doble. Aunque la norma ya estaba derogada, el máximo tribunal consideró que podía aplicarse por el principio de la ley penal más benigna.

La decisión encendió alarmas inmediatas entre organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, que advirtieron que el fallo podía habilitar una ola de pedidos de reducción de condenas por parte de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Una Plaza de Mayo desbordada

La respuesta social fue inmediata. El 10 de mayo, la Plaza de Mayo quedó completamente colmada y la movilización se extendió por Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Diagonal Sur y amplios sectores de la Avenida 9 de Julio. Los organizadores calcularon una concurrencia cercana al medio millón de personas.

La imagen dominante fue la de los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo multiplicados en miles de manifestantes. Hubo presencia de jóvenes, familias, organizaciones políticas, sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos sin identificación partidaria.

Sobre el escenario se leía la consigna: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”. Entre las principales oradoras estuvieron Taty Almeida, Nora Cortiñas, Lita Boitano y Estela de Carlotto.

“Estamos todos juntos con ese pañuelo blanco que es lucha y que no afloja”, sostuvo Almeida durante el acto. Cortiñas, por su parte, advirtió: “La Corte pretende soltar a Jorge ‘Tigre’ Acosta, a Alfredo Astiz y a Miguel Etchecolatz”. Carlotto remarcó que “la sociedad ha reaccionado con firmeza” y reclamó que los tres poderes del Estado “den vuelta este fallo antidemocrático y pro dictadura”.

El impacto político y la tensión en el Gobierno

La movilización también expuso las dificultades del gobierno de Cambiemos para administrar políticamente el tema. Durante los primeros días posteriores al fallo, distintas figuras del oficialismo habían defendido o relativizado la decisión judicial, lo que provocó fuertes críticas.

El propio Macri recién habló públicamente una semana después. Horas antes de la marcha, desde Mendoza, afirmó: “Estoy totalmente en contra porque estoy en contra de cualquier ley a favor de la impunidad y más aún en delitos de lesa humanidad”.

Sin embargo, al mismo tiempo defendió la independencia de la Corte Suprema y buscó responsabilizar al kirchnerismo por la existencia de la ley del 2x1. También felicitó al Congreso por avanzar rápidamente en una norma que bloqueara la aplicación del beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad.

El giro discursivo del Gobierno se produjo en medio de un escenario de fuerte presión social y preocupación política dentro del PRO, especialmente porque el tema había adquirido centralidad en pleno año electoral.

Las críticas opositoras se multiplicaron. Cristina Kirchner calificó al máximo tribunal como “una nueva Corte automática” y sostuvo que el Gobierno “tuvo que ver” con el fallo. También cuestionó especialmente la actuación de Rosatti y Rosenkrantz, propuestos por Macri para integrar la Corte.

Una movilización transversal

La marcha reunió a una amplia diversidad de espacios políticos y sociales. Participaron organismos de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, organizaciones sociales y referentes del peronismo, la izquierda y distintos sectores opositores.

Entre otros dirigentes estuvieron Daniel Scioli, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Hugo Yasky, Juan Grabois y Martín Sabbatella.

También hubo una fuerte presencia del movimiento obrero. La CGT instaló incluso un globo aerostático sobre la movilización, mientras que dirigentes de las dos CTA coincidieron en que el rechazo al fallo expresaba un consenso social amplio contra cualquier forma de impunidad.

Qué pasó finalmente con el 2x1 a los represores

El impacto político y social de la movilización aceleró la reacción institucional. Ese mismo 10 de mayo de 2017, el Congreso aprobó casi por unanimidad una ley interpretativa que excluyó explícitamente a los delitos de lesa humanidad de la aplicación del beneficio del 2x1.

La norma fue respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición y buscó cerrar cualquier posibilidad de reducción de penas para represores condenados.

Con el paso de los meses, distintos tribunales comenzaron a rechazar pedidos similares presentados por represores, apoyándose tanto en la nueva ley como en criterios de derecho internacional vinculados a los delitos de lesa humanidad.

Finalmente, en diciembre de 2018, la propia Corte Suprema cambió de criterio y resolvió que el beneficio del 2x1 no podía aplicarse a condenados por crímenes de lesa humanidad, dejando sin efecto el alcance político y judicial que había tenido el fallo Muiña.