Delcy Rodríguez anunció que viajará a La Haya para representar a Venezuela en la disputa con Guyana por el Esequibo, una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados bajo administración guyanesa y reclamada por Caracas. El viaje ocurre en plena etapa de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia, donde Guyana busca que se confirme la validez del laudo arbitral de 1899 que fijó la frontera.
La paradoja política es el centro del caso: Venezuela se presenta ante el tribunal para defender su posición, pero al mismo tiempo sostiene que la Corte no tiene jurisdicción para resolver la controversia. Caracas insiste en que el camino debe ser una negociación directa con Guyana bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966, mientras Georgetown reclama una decisión judicial que cierre una disputa territorial que afecta más del 70% de su territorio.
El Esequibo dejó de ser solo una discusión histórica. La región y sus aguas cercanas ganaron peso estratégico por los hallazgos de petróleo y gas frente a la costa de Guyana, lo que elevó el valor económico y geopolítico del conflicto. Para Guyana, el reclamo venezolano representa una amenaza a su seguridad y a su desarrollo; para Venezuela, el laudo de 1899 fue fraudulento y heredado de una estructura colonial que nunca resolvió el fondo del reclamo.
La tensión escaló desde 2023, cuando Venezuela promovió un referéndum sobre el Esequibo y avanzó con medidas administrativas sobre el territorio reclamado. Guyana respondió en la vía internacional y reforzó su pedido ante la CIJ. La Corte ya había ordenado a Venezuela no tomar acciones que modificaran la situación territorial mientras el caso siguiera en trámite, aunque el cumplimiento efectivo de estos fallos depende de la presión diplomática y del sistema de Naciones Unidas.
La presencia de Rodríguez en La Haya también busca mostrar control político en un expediente sensible para la identidad nacional venezolana. Pero la estrategia tiene un riesgo: cuanto más se involucra Caracas en el proceso, más difícil resulta sostener que el tribunal no tiene ningún rol. Esa tensión puede marcar la narrativa regional de los próximos meses, mientras la Corte avanza hacia una decisión de fondo.

Para Argentina y América del Sur, el caso funciona como advertencia sobre cómo una disputa territorial puede convertirse en un conflicto energético, diplomático y de seguridad. Brasil, el Caribe y los países de la región observan de cerca porque el desenlace no solo definirá una frontera: también puede fijar el tono de las futuras controversias por recursos naturales en el continente.