La Corte Suprema resolvió intervenir de manera directa en la demanda que La Pampa presentó contra el Estado nacional por la coparticipación. Con la firma de sus tres jueces, el tribunal asumió la revisión del conflicto y le dio a la Nación un plazo de 60 días para contestar formalmente el reclamo. La decisión pone a la Corte en el centro de otra disputa sensible entre la Casa Rosada y una provincia.
El planteo pampeano apunta a un punto específico del régimen vigente: pide que el 1% de los fondos hoy asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya de manera diaria y automática entre las provincias. En términos políticos, el reclamo toca un nervio conocido: la tensión entre recursos automáticos y discrecionalidad nacional. En términos judiciales, suma otro expediente grande al menú de conflictos fiscales que ya rodean al Gobierno.
La medida llega en un contexto de fuerte presión de los gobernadores por la caída de los envíos nacionales y por la discusión sobre fondos previsionales, cajas no transferidas y otras deudas cruzadas. En las últimas semanas, el propio Gobierno abrió la puerta a adelantos de coparticipación para 12 provincias, al mismo tiempo que varias jurisdicciones siguieron llevando sus reclamos a la Justicia. El fondo de la discusión es conocido: una Nación que concentra caja y provincias que buscan convertir sus reclamos en derechos exigibles.

La resolución sobre La Pampa encaja en un clima más amplio. En los últimos meses, la Corte y otros tribunales ya quedaron involucrados en asuntos centrales para el mileísmo: la reforma laboral, la ley de financiamiento universitario, el traslado del fuero laboral a la Ciudad y ahora la coparticipación. La secuencia vuelve más visible una dinámica que se repite: el Ejecutivo avanza, el Congreso acompaña o discute, y una parte decisiva del conflicto termina en tribunales.
Para el Gobierno, ese escenario tiene una lectura política bastante clara. En la Casa Rosada hace tiempo que miran al Poder Judicial como un terreno donde sobreviven resistencias a su programa y donde muchas decisiones se vuelven más lentas, más inciertas o directamente reversibles.
Del otro lado, gobernadores, sindicatos y universidades encontraron en la Justicia el lugar donde todavía pueden disputar medidas que en el plano político o parlamentario ya quedaron cuesta arriba. La causa de La Pampa suma otra estación a esa pelea.
La decisión de la Corte no resuelve el fondo del reclamo, pero sí eleva el conflicto. A partir de ahora, la Nación tendrá que responder y el expediente va a empezar a correr en el máximo tribunal. Eso ya alcanza para producir un efecto político: la discusión por los recursos provinciales sube un escalón y se mete de lleno en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En la Argentina de Milei, la coparticipación también entró en tribunales.