El Gobierno nacional declaró fracasada parcialmente la licitación pública destinada al abastecimiento de combustibles para vehículos, embarcaciones y aeronaves oficiales, luego de rechazar las ofertas presentadas por YPF y Trafigura Argentina. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 17/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La compulsa, identificada como Licitación Pública Nacional N° 999-0008-LPU25, había sido impulsada por la Oficina Nacional de Contrataciones con el objetivo de garantizar, durante un período de dos años con opción de prórroga, la provisión de combustibles a granel para vehìculos -autos, aeronaves y embarcaciones- distintos organismos de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, las propuestas recibidas no superaron las evaluaciones técnicas, administrativas y económicas previstas en el pliego oficial.
⚠️PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE⚠️ LICITACIÓN
— Mg.YaninaSLojo (@MgYaninaslojo) May 8, 2026
DECISIÓN ADMINISTRATIVO Nº17/2026 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0008-LPU25. Apruébase la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0008-LPU25 con el objeto de seleccionar…
Según surge del acto administrativo, YPF fue desestimada por incorporar condicionamientos a su oferta y por no subsanar observaciones formales efectuadas durante el procedimiento. En tanto, Trafigura Argentina -operadora de Puma Energy en el país- quedó excluida por incumplimientos vinculados a requisitos técnicos y económicos exigidos en la licitación.
Como consecuencia, ocho renglones fueron declarados fracasados al no existir ofertas admisibles, mientras que otros cuatro quedaron desiertos debido a la ausencia de postulantes. De esta manera, el procedimiento concluyó sin adjudicatarios para los ítems licitados, lo que obligará al Ejecutivo a redefinir el mecanismo de abastecimiento para las dependencias alcanzadas por la contratación.
No obstante, el texto firmado por el jefe de Gabintte Manel Adorni y por el ministro del Interior, Diego Santilli, otorga a las partes alcanzadas un plazo de 30 días para ejercer el derecho de interponer un recurso de reconsideraciòn, tal como lo prevé el Reglamento de Procedimiento Administrativo.
La resolución se inscribe en el marco de la política de desregulación impulsada por ministerio de Federico Sturzenegger. Tras la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el Ejecutivo eliminó el régimen que otorgaba preferencias a YPF en las contrataciones estatales, con el argumento de promover esquemas de competencia abiertos entre empresas públicas y privadas.

El desenlace de la licitación reabre el debate sobre el nuevo esquema de compras públicas y sobre el rol de YPF en el abastecimiento del Estado, especialmente en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento de la administración nacional.
El trasfondo político y económico de la medida remite a un modelo de gestión con fuertes puntos de contacto con las reformas impulsadas durante la presidencia de Carlos Menem en los años 90. Al igual que en aquel período, el gobierno de Javier Milei promueve una reducción del peso del Estado en la economía, la desregulación de mercados y la apertura de actividades estratégicas a una mayor participación privada.

La eliminación de privilegios regulatorios para empresas públicas, como ocurrió con la derogación del régimen de preferencia para YPF en las contrataciones estatales, forma parte de esa lógica. La administración libertaria sostiene que el Estado no debe intervenir para favorecer compañías con participación estatal y que la competencia entre privados puede generar mejores precios, mayor eficiencia y nuevas inversiones, una visión que guarda similitudes con las políticas de privatización y apertura económica aplicadas durante los años menemistas.