El Ministerio de Capital Humano avanzó en la reglamentación del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una herramienta destinada a centralizar y cruzar información social de distintos organismos públicos para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas sociales basadas en evidencia.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 35/2026 del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa aprueba los “Lineamientos Generales del Sistema Integrado de Información Social (SIIS)”, un marco regulatorio que establece cómo funcionará el sistema, qué datos podrá integrar, cuáles serán los mecanismos de seguridad y qué derechos tendrán los ciudadanos sobre la información almacenada.
El SIIS había sido creado formalmente en septiembre de 2024 mediante una resolución del Ministerio de Capital Humano. Ahora, el Gobierno definió las reglas generales para su implementación y funcionamiento.
Según el anexo de la resolución, el sistema funcionará como un “repositorio centralizado” de bases de datos nominalizadas e informatizadas, capaz de integrar información proveniente de distintos registros administrativos del Estado.
Entre los datos que podrán cruzarse aparecen registros sociales, tributarios, sanitarios, educativos, laborales y patrimoniales.
El objetivo oficial es construir una visión “integral, actualizada y dinámica” de las condiciones de vida de la población, para mejorar el diseño y la evaluación de políticas públicas sociales.
La administración del sistema quedará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El documento establece siete objetivos centrales del SIIS. Entre los más relevantes, el Gobierno destaca:
La resolución también señala que el sistema buscará optimizar recursos y evitar superposiciones dentro de los programas sociales.
El SIIS se nutrirá inicialmente de bases de datos pertenecientes a las secretarías y organismos desconcentrados del Ministerio de Capital Humano.
Además, otros organismos de la Administración Pública Nacional podrán adherirse mediante convenios específicos de intercambio de información.
Esos acuerdos deberán detallar qué datos se compartirán, cada cuánto tiempo se actualizará la información, quiénes serán los responsables técnicos de cada organismo y cuáles serán las condiciones de seguridad y resguardo.
La normativa aclara que cada organismo conservará la titularidad de sus bases de datos originales, aunque el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será responsable del uso y tratamiento de la información dentro del SIIS.
Uno de los puntos centrales de los lineamientos es la protección de los datos personales.
El texto establece que toda la operatoria deberá ajustarse a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y remarca que solamente podrán integrarse datos “estrictamente necesarios y pertinentes” para los fines del sistema.
Además, se prevén auditorías periódicas, trazabilidad de accesos, perfiles diferenciados de usuarios, registros de consultas y transferencias, protocolos ante incidentes de seguridad y mecanismos de anonimización o disociación de datos en ciertos casos.
En situaciones vinculadas a datos sensibles, la resolución indica que deberán adoptarse recaudos especiales e incluso, cuando corresponda, obtener el consentimiento del titular de la información.

Los lineamientos también contemplan derechos para las personas cuyos datos formen parte del SIIS.
Según el texto oficial, los ciudadanos podrán:
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales deberá garantizar mecanismos “accesibles, sencillos y gratuitos” para ejercer esos derechos.
Otro de los aspectos destacados del anexo es que el sistema podrá incorporar herramientas de análisis avanzado e inteligencia artificial para mejorar el procesamiento de la información social.
La resolución señala que cualquier incorporación tecnológica deberá respetar parámetros éticos, de transparencia y protección de datos personales.
Además, se prevé una actualización permanente del sistema frente a cambios normativos, institucionales y tecnológicos, junto con capacitaciones continuas para el personal encargado de operar la plataforma.
La normativa también define qué ocurrirá con la información cuando deje de ser necesaria.
Según los lineamientos, los datos personales deberán ser eliminados una vez que ya no resulten pertinentes para los objetivos del sistema.
El procedimiento incluye restricción del acceso a la información, revocación de permisos y claves criptográficas, eliminación de usuarios y destrucción definitiva de los datos mediante protocolos técnicos de seguridad.