La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad sumó un nuevo capítulo judicial.
La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una ampliación de la denuncia penal por la situación del IOSFA y la nueva OSFA, incorporando documentación, testimonios y relevamientos de afiliados de distintas provincias que denuncian interrupción de tratamientos, falta de medicamentos y graves problemas de cobertura médica.
La presentación judicial fue realizada el pasado 5 de mayo en el marco de la causa CFP 1066/2026, donde se investigan posibles delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y abandono de persona.
La denuncia apunta contra el ex ministro de Defensa, Luis Petri, en medio de un creciente conflicto político y sanitario por el funcionamiento del sistema de salud destinado a militares, retirados y sus familias.
Según explicó la legisladora mendocina, la ampliación judicial incorpora casos concretos de afiliados de diferentes puntos del país que describen un escenario de deterioro generalizado de la atención médica.
Entre las situaciones denunciadas aparecen:
“Detrás de cada expediente hay una historia humana”, sostuvo Arrieta al referirse a los testimonios recopilados.
“Pacientes oncológicos esperando respuestas. Personas con discapacidad que perdieron prestaciones. Retirados que aportaron toda su vida y hoy deben elegir entre comprar medicamentos o comer. Familias militares y de fuerzas de seguridad que sienten que el sistema que debía protegerlas las dejó solas”, agregó.
⚖️ IOSFA/OSFA NO SE OLVIDA
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) May 11, 2026
Durante la semana, amplié judicialmente la denuncia por la crisis de IOSFA/OSFA, junto a mi abogado @DrCastroBianchi incorporando nueva documentación, testimonios y relevamientos de afiliados de todo el país que denuncian abandono, suspensión de… pic.twitter.com/2KmvOjuyhT
Uno de los casos incorporados en la ampliación de la denuncia es el del suboficial mayor retirado del Ejército Héctor Carlos Velázquez, oriundo de San Juan, quien atravesaba una enfermedad oncológica avanzada.
Según relató la presentación judicial, el militar retirado habría sufrido graves dificultades para acceder a la cobertura y atención médica necesaria durante su tratamiento.
“Honramos la memoria de Héctor Carlos Velázquez y de tantos hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de la Patria”, expresó Arrieta.
“Ningún argentino que haya servido al país debería sentirse solo, desprotegido o abandonado frente a una enfermedad”, sostuvo.
La diputada aseguró además que continuará impulsando medidas judiciales e institucionales para determinar responsabilidades y garantizar la restitución de prestaciones médicas para los afiliados afectados.
Indignación total ante el abandono de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El caso de Carlos Velázquez en San Juan es la cara más cruel de un sistema de salud militar quebrado. Denunciamos la desidia del Gobierno y el Ministerio de Defensa. ¡Basta de abandono! 🇦🇷💔 pic.twitter.com/McWFdnKOb9
— Juan Carlos (@27juancarlos27) May 11, 2026
La situación del antiguo IOSFA y su transformación en la OSFA se convirtió en uno de los focos más delicados dentro del Ministerio de Defensa.
El Gobierno nacional impulsó la reorganización del sistema mediante el Decreto 88/2026, que dispuso el traspaso de afiliados hacia una nueva estructura sanitaria.
Según informó oficialmente la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados, el sistema acumulaba al 31 de marzo de 2026 una deuda total de $248.600 millones.
El pasivo se divide entre:
El informe oficial también reconoció problemas de financiamiento estructural y sostuvo que “el régimen no fue debidamente cumplimentado, lo que llevó al desfinanciamiento del IOSFA”.

La ampliación de la denuncia de Arrieta se suma a otra ofensiva política reciente en el Congreso impulsada por la diputada nacional Agustina Propato.
La legisladora presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Defensa explique la situación financiera y sanitaria del sistema tras la salida del general Sergio Maldonado de la presidencia de la OSFA apenas dos meses después de asumir.
En el proyecto, Propato sostuvo que la renuncia “no es un hecho aislado” sino “la consecuencia política de una gestión que ha llevado al colapso a una institución”.
La diputada también cuestionó el uso de fondos de las Fuerzas Armadas para cubrir el déficit de la obra social y afirmó que eso “debilita la capacidad operativa” militar.
Además, reclamó precisiones sobre el impacto de la reorganización impulsada por el Gobierno y denunció problemas como:

En su informe de gestión ante Diputados, el jefe de Gabinete Manuel Adorni intentó llevar tranquilidad sobre la continuidad de los tratamientos médicos y defendió el proceso de transición hacia la nueva OSFA.
“El IOSFA ya ha realizado la transferencia de sus afiliados a la OSFA”, sostuvo el informe oficial. El Gobierno aseguró que “se garantiza la continuidad de los tratamientos en curso o a iniciar” y detalló que continuará la cobertura del 100% para tratamientos oncológicos, la cobertura total de insumos para pacientes con diabetes y los programas para enfermedades crónicas con cobertura del 70%.
También indicó que la transición se realiza “con el más absoluto detalle de nunca interrumpir un tratamiento”.
Antes de la reforma, el IOSFA contaba con 523.611 afiliados, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y familiares.
De acuerdo con los datos oficiales, 331.152 afiliados pertenecían a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad.
En paralelo, el Gobierno descartó un eventual cierre o privatización de hospitales militares. “Sería totalmente ilógico pensar que este gobierno lleve adelante el cierre o su privatización”, señaló el informe oficial.
Sin embargo, las denuncias judiciales, los reclamos parlamentarios y los testimonios de afiliados continúan aumentando la presión política sobre el Ministerio de Defensa en torno a uno de los conflictos sanitarios más sensibles del año.