ANDIS: el rastro clave de Spagnuolo que puede definir la causa

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una etapa técnica decisiva que marcó un punto de inflexión en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con una pericia sobre los registros de audio que dieron origen a la denuncia, un pedido que el fiscal Franco Picardi reforzó recientemente al solicitar que el principal imputado, Diego Spagnuolo, brinde material de cotejo ante los especialistas.

La Justicia busca determinar, mediante un análisis de parámetros acústico-fonéticos y rastros biológicos como la respiración natural y la coarticulación, si las grabaciones son auténticas o si fueron generadas mediante herramientas de inteligencia artificial para incriminar a los exfuncionarios. Este peritaje definirá la validez de la prueba principal y el futuro de una causa que investiga maniobras millonarias con insumos médicos y un esquema de retornos ilegales.

El pedido de Picardi y el uso de material indubitado

El fiscal federal Franco Picardi presentó un escrito ante el juzgado de Ariel Lijo donde sugirió “convocar al imputado Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado que se estime pertinente, necesario y útil para realizar la pericia”. Esta medida busca obtener una muestra de voz actual y certificada del exdirector de la ANDIS para compararla con los archivos dubitados que circulan en la causa. El objetivo técnico es establecer si existe una coincidencia morfológica y fonética entre ambas muestras.

La fiscalía propuso además que la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) intervenga en el proceso. Según el dictamen, resulta fundamental identificar si los segmentos atribuidos a Spagnuolo son compatibles con una “voz humana real de origen no sintético”. Para ello, el acusado deberá presentarse ante los peritos o facilitar grabaciones indubitadas que permitan un cotejo riguroso bajo estándares forenses internacionales.

El rastro biológico: inteligencia artificial contra respiración humana

Uno de los puntos más innovadores de la pericia técnica solicitada por Picardi se centra en la detección de algoritmos de síntesis de voz, conocidos como voice cloning. La fiscalía pidió a los expertos de la Gendarmería Nacional que busquen “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática”. Esto implica analizar micro-detalles como el jitter y el shimmer, que son variaciones de frecuencia y amplitud casi imperceptibles al oído humano.

El peritaje evaluará la presencia de “respiración natural y coarticulación”, rasgos biológicos que las herramientas de inteligencia artificial todavía encuentran dificultades para replicar de forma perfecta. Los peritos buscarán rastrear si existen cortes digitales o ediciones que sugieran que el audio resultó armado a partir de fragmentos sueltos. “Se analizará si los archivos presentan indicios técnicos de operaciones de edición posteriores a su captura original”, detalló el fiscal en su presentación.

La estrategia de nulidad y la doctrina del fruto del árbol envenenado

Las defensas de Diego Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina centraron su estrategia en invalidar los audios desde su origen. Los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera sostuvieron que las grabaciones tienen un carácter clandestino y que su obtención violó garantías constitucionales. Por este motivo, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, la cual establece que si una prueba inicial es ilegal, todo lo que derive de ella carece de validez jurídica.

El abogado Juan Ignacio Pascual, defensor de Calvete, afirmó ante la Cámara Federal que “los famosos audios atribuidos a Spagnuolo constituyen la única génesis de esta investigación”. El letrado reclamó la nulidad total del expediente bajo el argumento de que el proceso se inició a partir de una “hipótesis probable de la obtención ilegal de comunicaciones privadas y prueba falsa”. La decisión de Lijo de peritar los audios respondió, precisamente, a una orden de la Cámara para determinar la veracidad de estos elementos antes de resolver sobre el fondo de las nulidades planteadas.

Sobreprecios de 4239% detectados por el Ministerio de Salud

Mientras la discusión técnica sobre los audios avanza, un informe de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud reveló irregularidades alarmantes en la facturación de insumos. El documento, firmado el 10 de abril por la asesora médica María Celeste Díaz, detectó que la ANDIS pagó montos “injustificables” por sillas de ruedas, andadores y prótesis durante 2025. En el caso específico de un andador, el Estado abonó una suma que superó en un 4239% el valor de referencia del mercado para un equipo de idénticas prestaciones.

La auditoría oficial puso bajo la lupa a seis proveedores, entre los que destacan Farma Salud S.R.L. y Ortopedia Bernat S.R.L. El informe detalló que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores”. Por ejemplo, la agencia pagó $425 millones por un sistema de válvulas cardíacas que el PAMI adquirió por $124 millones apenas tres meses antes. Estos hallazgos se incorporaron a la causa como un hecho nuevo que refuerza la hipótesis de defraudación.

El esquema de la asociación ilícita y el sistema Siipfis

La acusación fiscal sostiene que en la ANDIS funcionó una asociación ilícita dedicada a manipular procesos de contratación pública. Según Picardi, el organismo operó como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”. Para lograr esto, los involucrados habrían vulnerado el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), una herramienta digital implementada en junio de 2024 que debía garantizar la transparencia pero que, bajo la sospecha judicial, se utilizó para simular competencia entre oferentes previamente seleccionados.

La Justicia identificó un núcleo operativo denominado “grupo museo”, un chat de WhatsApp donde exfuncionarios y operadores externos definían a qué empresas invitar a las compulsas de precios. Entre los imputados figuran exdirectores como Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian, además de empresarios y familiares que habrían actuado como nexos. La hipótesis principal indica que estas adjudicaciones se realizaron a cambio de dádivas y coimas que oscilaban entre el 12% y el 20% del valor de los contratos adjudicados por el Estado.

El origen del escándalo: filtraciones en agosto de 2025

El caso estalló públicamente en agosto de 2025 tras la difusión de una serie de audios en los que se escuchaba a Spagnuolo admitir maniobras de recaudación ilegal. “Me están desfalcando la agencia”, se oía decir al entonces funcionario en uno de los registros, donde también mencionaba que el dinero “lo suben arriba”, en una presunta referencia a autoridades de mayor jerarquía. Aquella filtración provocó que el presidente Javier Milei desplazara a Spagnuolo de su cargo mediante el Decreto 599/25.

Spagnuolo, quien fue el abogado personal de Milei antes de asumir en la función pública, era una de las figuras con mayor acceso a la quinta presidencial de Olivos. Tras la denuncia inicial, el juez Sebastián Casanello ordenó los primeros allanamientos en la sede de la ANDIS y en domicilios particulares, donde se secuestraron sumas de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Aquel evento marcó el inicio de un expediente que hoy acumula 49 personas llamadas a indagatoria y que depende, en gran medida, de lo que los peritos encuentren en los pliegues de la voz de su principal protagonista.

TM