"La mano del Rolex": qué dijo Martín Migueles para despegarse de la causa SIRA

Martín Migueles, empresario y pareja de Wanda Nara, se presentó este lunes a primera hora en los tribunales federales de Retiro para realizar un descargo espontáneo. El financista acudió al despacho del fiscal Franco Picardi acompañado por su abogado, Yamil Castro Bianchi, con el objetivo de desligarse de las pruebas recolectadas en su teléfono celular. La causa investiga un circuito paralelo para destrabar permisos de importación (SIRA) y acceder al dólar oficial en el marco del cepo cambiario durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Durante la audiencia, la defensa del empresario enfocó sus esfuerzos en cuestionar la validez de los videos y fotos que circularon en los medios y que forman parte del expediente. Migueles negó hoy de manera tajante que la mano que luce un reloj de lujo en los videos incorporados al expediente sea la suya, buscando invalidar los registros que lo muestran ostentando bienes mientras negociaba permisos de importación. Esta estrategia apunta a sembrar dudas sobre la identidad de los protagonistas en las grabaciones que exponen un nivel de vida sofisticado en el exterior.

El descargo de Martín Migueles en Comodoro Py y la "prueba de la mano"

El empresario ingresó a Comodoro Py a las 7:30 y entregó un escrito de 14 páginas donde detalló su versión de los hechos. En el documento, Migueles reconoció que realizó tareas de intermediación comercial, pero negó terminantemente cualquier vínculo con el pago de sobornos. Respecto a los videos donde presume vehículos de alta gama y relojes de marcas internacionales, sostuvo que el material no lo incrimina directamente y que existieron errores en la interpretación de las imágenes.

Su abogado defensor, Castro Bianchi, precisó que “la mano del Rolex no es la mano de él” y que en otro video donde se observa un vehículo a gran velocidad, Migueles circulaba junto a su hija. El empresario afirmó: “Yo no le pagué a ningún funcionario público”. La defensa también pidió que se garantice el acceso integral a la prueba digital para verificar la integridad de los chats y la autenticidad de los audios que el fiscal Picardi utiliza como base de la imputación.

Los audios filtrados y el esquema de comisiones del 15 por ciento

La Justicia cuenta con grabaciones extraídas del teléfono de Migueles donde se delinean con precisión las tarifas para agilizar trámites ante la Secretaría de Comercio. En uno de los registros más comprometedores, el empresario explica que la aprobación de una SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana, cuando los tiempos legales superaban los 90 días. “Sí boludo, yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA. Y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12%”, se escucha en uno de los audios.

🔴 Ruta de las SIRA: el audio de uno de los involucrados

En +Verdad repasaron los dichos de Martín Migueles, que reveló cómo funcionaba el esquema de retornos para agilizar trámites de importación.

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— La Nación Más (@lanacionmas) May 9, 2026

El esquema de reparto de dinero incluía márgenes para los intermediarios y pagos destinados a lo que en los mensajes denominaban “adentro”. Los investigadores detectaron conversaciones donde Migueles proponía cobrar un 13% sobre el valor del dólar informal para dejar un margen de ganancia del 2% a repartir entre los gestores. Según el dictamen fiscal, estas maniobras permitieron que diversas empresas importadoras evitaran las fuertes restricciones cambiarias impuestas durante el gobierno anterior.

Quién es Ariel Saponara y el rastro de la Casa Rosada

Entre los contactos de WhatsApp de Migueles apareció un hombre agendado como “Ariel Viken”, identificado por la Justicia como Ariel Germán Saponara. Este abogado, que desempeñó funciones en el Gobierno de la Ciudad y cuya red social laboral lo ubica actualmente en Presidencia de la Nación, consultó a Migueles sobre la posibilidad de “liberar declaraciones de importación”. Saponara mencionó que un amigo suyo cobraba un 15% de comisión, pero buscaba una opción más económica para el cliente.

En los audios, Saponara afirma que se encuentra “laburando acá en el Ministerio” mientras coordina el envío de formularios de la entonces AFIP para la empresa Nemes S.H. La causa determinó que, tras las gestiones de Migueles, los permisos resultaron aprobados en tiempo récord. El empresario le indicó a Saponara una dirección en la calle Libertador al 8008 para dejar el dinero de la supuesta coima, aclarando que el pago debía ser en “blue”.

El papel de Elías Piccirillo y la financiera Arg Exchange

La investigación sobre las SIRA es una derivación de una causa mayor que involucra a Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio y antiguo socio de Migueles. Piccirillo se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por un operativo ilegal contra un acreedor. En el marco de esa pesquisa, se descubrió que ambos operaban la casa de cambio “Arg Exchange”, la cual registró ventas de divisas por montos superiores a los 60.000 millones de pesos durante el segundo semestre de 2023.

La fiscalía sospecha que la banda utilizaba estructuras societarias para comprar dólares a valor oficial bajo el pretexto de importaciones que, en muchos casos, no poseían justificación económica suficiente. Posteriormente, esos billetes físicos se volcaban al mercado informal, obteniendo ganancias siderales debido a la brecha cambiaria. Para dificultar la trazabilidad de los fondos, el grupo realizaba operaciones encadenadas entre distintas agencias de cambio vinculadas entre sí.

El origen de la causa: el pendrive del policía arrepentido

Todo el entramado salió a la luz gracias a Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajó para Piccirillo y que decidió declarar como imputado colaborador. Smith aportó un pen drive con grabaciones y documentos sensibles que guardaba en su teléfono. A partir de esa entrega, el juez Ariel Lijo ordenó los primeros allanamientos donde secuestraron las tablets y los celulares de Martín Migueles, lo que permitió reconstruir el circuito de los gestores y las empresas beneficiadas.

El fiscal Picardi sostiene que la red contaba con la colaboración de intermediarios conocidos como “Pato”, “Pipo” y “la Señora”. Esta última sería una figura clave dentro de áreas estatales con capacidad de influir en la aprobación de las solicitudes. Actualmente, la Justicia analiza el contenido de los dispositivos móviles de cinco funcionarios del Banco Central señalados por su presunta connivencia en el esquema de defraudación pública y acceso privilegiado a divisas.

TM