Milei recortó $5.300 millones a 13 universidades antes de la marcha: cuáles son

El Gobierno nacional publicó esta madrugada la Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial, un documento que redefine las prioridades fiscales de la gestión de Javier Milei. La norma, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, aplica un recorte neto de 2,5 billones de pesos en diversas partidas de la Administración Central. El objetivo central de este movimiento financiero reside en blindar la meta de superávit fiscal y reasignar fondos para el pago de sentencias previsionales y retiros voluntarios.

Dentro de este complejo mapa de ajustes, el sector educativo recibió uno de los impactos más precisos y quirúrgicos. La normativa establece la baja de créditos presupuestarios destinados a obras de infraestructura en universidades nacionales, eliminando fondos que estaban previstos para la construcción de aulas y laboratorios. Esta decisión administrativa se conoce en un clima de extrema tensión, ya que ocurre exactamente un día antes de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo.

El Gobierno nacional redujo en un total de $5.303.000.000 los fondos destinados a infraestructura del conocimiento en 13 universidades nacionales, afectando principalmente a la Universidad Nacional de La Plata con una quita de $1.043.000.000, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda con $700.000.000 cada una, además de las instituciones de Río Cuarto, Entre Ríos, Córdoba y Villa María, entre otras. La paralización de estas obras de capital representa el punto de conflicto más agudo entre el Poder Ejecutivo y los rectores, quienes advierten que la medida compromete el desarrollo tecnológico y la capacidad edilicia de los centros de formación superior.

La lista de las 13 universidades afectadas por la quita de obras

El anexo de la Decisión Administrativa 20/2026 detalla de forma individualizada el monto que cada casa de altos estudios perdió durante esta reestructuración del gasto público. La mayoría de estos créditos figuraban bajo la categoría de gastos de capital, dinero que el Estado nacional transfiere para la ejecución de proyectos de infraestructura específicos. Al eliminarse estas partidas, los proyectos en curso o previstos para este cuatrimestre quedan suspendidos o demorados indefinidamente.

Las universidades nacionales que sufrieron el recorte de fondos son las siguientes:

• Universidad Nacional de La Plata (UNLP): $1.043.000.000.
• Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM): $700.000.000.
• Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV): $700.000.000.
• Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): $680.500.000.
• Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): $540.000.000.
• Universidad Nacional del Litoral (UNL): $500.000.000.
• Universidad Nacional del Nordeste (UNNE): $330.000.000.
• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN): $300.000.000.
• Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ): $300.000.000.
• Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf): $190.000.000.
• Universidad Nacional de las Artes (UNA): $15.000.000.
• Universidad Nacional de Villa María (UNVM): $4.000.000.
• Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ): $500.000.

La convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo

El recorte de obras llega en el momento de mayor movilización del arco educativo desde que Javier Milei asumió la presidencia. Este martes, desde las 17 horas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, marcharán a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación cuenta con el respaldo de la CGT, las dos CTA y todo el arco político opositor, desde el peronismo hasta la Unión Cívica Radical y la izquierda.

Los rectores señalaron que la situación es angustiante debido al desplome de los salarios y el congelamiento presupuestario. "Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro", advirtió el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. Por su parte, desde el Gobierno nacional calificaron la movilización como una "extorsión política" y aseguraron que el financiamiento está garantizado según lo aprobado en el Presupuesto 2026. El oficialismo considera que la marcha tiene un "claro tinte electoralista" de cara a los comicios de 2027.

Los detalles técnicos del ajuste y el superávit de 3,2 billones

La reestructuración del gasto público que dispusieron Adorni y Caputo busca compensar la caída de la recaudación y asegurar el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI. Con la baja de partidas en áreas como salud, ciencia, tecnología y educación, el Gobierno incrementó la proyección del superávit fiscal anual. En términos netos, el ajuste sobre la Administración Central suma 2,5 billones de pesos, lo que permite elevar la meta final del año a 3,2 billones de pesos gracias a ingresos superiores a los esperados.

Además del recorte en educación, la medida afectó programas sensibles como la investigación y tratamiento del cáncer, que perdió $5.000 millones, y el acceso a medicamentos, con una quita de $20.000 millones. En contraste, el Gobierno incorporó $162.000 millones para financiar el plan de retiros voluntarios en la ANSES y reforzó con $500.000 millones la partida para el pago de sentencias judiciales firmes en favor de los jubilados. El objetivo es reducir la planta estatal y regularizar pasivos judiciales de largo arrastre.

El conflicto por los hospitales universitarios y la Ley de Financiamiento

Durante la última semana, el enfrentamiento entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades se centró en la situación de los hospitales educativos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a las autoridades de la UBA de intentar monopolizar los fondos. Sin embargo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, denunció que "todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos" para los centros asistenciales. La Justicia, en tanto, analiza si obliga al Ejecutivo a aplicar la ley de financiamiento que Milei vetó el año pasado.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, ratificó que el Gobierno buscará mayor transparencia en el uso de los recursos. Aseguró que después de la marcha de este martes convocará a una comisión con los rectores para discutir el reparto de dinero de forma objetiva. Según el oficialismo, la Ley de Financiamiento Universitario quedó derogada de forma implícita al aprobarse el Presupuesto 2026, por lo que consideran que los reclamos actuales carecen de sustento legal vigente.

La raíz del problema: El Presupuesto 2026 y la "motosierra" de Milei

La configuración del Presupuesto 2026 estableció un escenario de restricción extrema para la inversión pública. Desde el inicio del ejercicio, el presidente Javier Milei encomendó un ajuste del 2% en los gastos discrecionales para sostener el equilibrio fiscal. Esta lógica impactó en la paralización casi total de la obra pública en las provincias, afectando desde la repavimentación de rutas nacionales hasta la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento.

Las universidades nacionales, que dependen exclusivamente de las transferencias del Tesoro, quedaron en el centro de esta política de ahorro. Mientras los gastos de funcionamiento cayeron un 40,8% respecto a 2023, la inversión por estudiante se ubicó en el nivel más bajo desde el año 2004. El Gobierno sostiene que el sistema universitario debe ser auditado y depurado de "gastos ineficientes", mientras que la comunidad educativa responde con clases públicas y paros por tiempo indeterminado en reclamo de salarios que perdieron un 34,2% de poder adquisitivo.

TM