Guillermo Montenegro escaló el conflicto por la administración de Punta Mogotes al denunciar una maniobra de la Provincia de Buenos Aires para condicionar el futuro del complejo. Según Montenegro, la gestión de Axel Kicillof intenta sellar el destino del predio costero mediante contratos de largo plazo antes de devolver el control a la órbita municipal. Esta puja política ocurre en medio de reclamos cruzados por la autonomía local y la soberanía sobre los recursos turísticos marplatenses.
La tensión aumentó tras la difusión de los planes provinciales que supeditan el traspaso del complejo a la realización previa de nuevas licitaciones públicas. El senador bonaerense calificó este accionar como una forma de retener "cajas millonarias" y poder político desde la ciudad de La Plata. Mientras tanto, el gobierno bonaerense sostiene que los procesos licitatorios resultan necesarios para garantizar la seguridad jurídica y la continuidad laboral de los actuales trabajadores del sector sur.
La "letra chica" del plan del Gobierno bonaerense establece que, antes de concretar el traspaso definitivo de Punta Mogotes a Mar del Plata, se realizará una licitación pública de las concesiones por un período de 20 años, lo que dejaría a la administración municipal sin margen de decisión sobre la explotación de los balnearios hasta el año 2046.

El plan provincial se divide en los siguientes puntos estratégicos:
Esta estructura implica que la Provincia firmaría los contratos con los nuevos concesionarios por un plazo de dos décadas. De este modo, si el traspaso se concreta luego de la licitación, el municipio recibiría un complejo cuya explotación económica ya resultó decidida y blindada jurídicamente por la gestión bonaerense hasta mediados de la década de 2040.
El intendente en licencia Montenegro utilizó términos sumamente duros para describir la situación actual del sector costero. A pesar de la existencia de leyes que rigen el complejo desde los años 80, consideró que la permanencia de la Provincia en el lugar constituye una "usurpación". Según su visión, el sustento legal que justifica la presencia provincial carece de validez moral hoy en día, debido a que el objetivo original del ente interjurisdiccional ya se cumplió.

Respecto a las intenciones de la administración de Axel Kicillof, Montenegro expresó: "Lo que hoy hace la Provincia es retener un espacio estratégico de la ciudad para sostener poder político y cajas millonarias". El senador bonaerense sostuvo que la intención de devolver las playas está condicionada por un interés recaudatorio de último momento. Según su denuncia, "pretenden condicionar su futuro con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años", lo que anularía la capacidad de la ciudad para proyectar su propia zona sur.
Antes de que el conflicto político llegara a este punto de ebullición, la Administración Punta Mogotes realizó un Concurso de Ideas junto al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo del certamen fue buscar propuestas para transformar el complejo en un espacio más sustentable, integrado y abierto durante todo el año. Los resultados del concurso arrojaron proyectos que contemplan la demolición de estructuras de cemento excedentes y la creación de parques públicos.

El Gobierno bonaerense utilizó estos resultados para justificar la necesidad de un nuevo llamado a licitación. Según la documentación oficial, el vencimiento de las actuales concesiones, previsto entre junio y septiembre del corriente año, representa "una oportunidad única para Mar del Plata". La Provincia argumenta que prorrogar los contratos actuales o traspasar el complejo sin un plan de obras previo impediría realizar la transformación estructural que el balneario requiere para modernizarse.
Para entender el conflicto actual, resulta necesario remontarse a la década de 1980. El complejo Punta Mogotes resultó provincializado en 1984 mediante un acuerdo entre el entonces intendente radical Ángel Roig y el gobernador Alejandro Armendáriz. En aquel momento, la ciudad enfrentaba dificultades financieras para sostener la construcción y el mantenimiento del complejo, por lo que se creó un ente donde la Provincia retuvo el 70% de la participación y el municipio el 30% restante.
"Los marplatenses ya pagamos la deuda. No hay excusas", enfatizó Montenegro en relación al pasivo económico que generó aquella operación. Según la postura municipal, el dinero invertido por la Provincia resultó saldado mediante la explotación comercial de los balnearios a lo largo de los últimos 40 años. Por el contrario, la administración bonaerense insiste en que el traspaso debe realizarse siguiendo los mecanismos legales de liquidación del ente, lo que incluye la resolución de los contratos vigentes antes de cualquier cambio de jurisdicción.
TM