Marcha universitaria: qué cambia para salarios y presupuesto si se cumple la ley

El conflicto universitario tiene hoy un nuevo capítulo, con una marcha masiva en todo el país. Este martes, las universidades nacionales impulsan una movilización a lo largo y ancho de la Argentina, en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento, que permita revertir el recorte presupuestario y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.

🇦🇷 MARCHA FEDERAL
Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Universitario

📅 Martes 12 de mayo de 2026
📍 Plaza de Mayo CABA#UniversidadPúblicaSiempre pic.twitter.com/6KP3X0NeQG

— CIN (@CINoficial) April 21, 2026

Bajo el lema “No es tu ley, no es mi ley, es nuestra ley”, la comunidad universitaria y la sociedad argentina en general acompañarán el plan de lucha para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Cabe recordar que la norma fue aprobada por el Congreso en agosto pasado, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla. El Congreso logró ratificarla con mayorías amplias en ambas cámaras, por lo que quedó definitivamente sancionada.

Sin embargo, al Gobierno suspendió su aplicación, argumentando que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento. La decisión fue judicializada y la Justicia ordenó al Estado cumplir con la ley. Pese a ese fallo, el Gobierno sigue sin aplicarla.

Desde el Frente Sindical, Estudiantil y de Graduados de la UNAHUR, lanzaron un “contador” que permite ver cuánto tiempo ha transcurrido desde que el presidente no Cumple la Ley ni acata los fallos de la Justicia: ya lleva 203 días.

El ajuste en el presupuesto universitario

El presupuesto universitario sufrió un fuerte recorte desde la asunción de Milei. Entre 2023 y 2025 cayó 32,5% en términos reales, mientras que si se considera el presupuesto vigente para 2026 la reducción alcanza el 41,6% respecto de 2023, de acuerdo al informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De haberse aplicado la ley sancionada por el Congreso, el presupuesto universitario habría crecido 33,8% frente a 2025, quedando 1,9% por encima de los niveles de 2023.

En cambio, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley al Congreso que implicaría una caída de 2,1% respecto de 2025 y de 33,9% frente a 2023, dejando al sistema con un presupuesto 35,1% menor al que establecía la ley aprobada por el Congreso.

El impacto en los salarios

Uno de los puntos más críticos del conflicto es el deterioro salarial. En promedio, los salarios representan el 86,9% del gasto total universitario, mientras que los gastos de funcionamiento explican apenas el 13,1% restante.

Entre 2023 y 2026, el grueso del ajuste recayó sobre el personal docente y no docente. Los datos muestran además que, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, considerando un IPC del 2,7% en el cuarto mes del año, el salario real cayó 34,3% en los casos en los que no están alcanzados por la garantía salarial, y 42% en quienes sí padecen el relativo congelamiento de la garantía.

¿De cuánto sería el aumento salarial universitario de aplicarse la Ley vigente?

Por ejemplo, un titular semi exclusivo, que cobrará efectivamente en abril un salario de bolsillo de $768.990,99, debiera haber cobrado $1.132.723,72. Es decir, debiera haber percibido un 47% más de sueldo.

Por su parte, un JTP simple, que percibió en abril $257.589,63 de bolsillo, de haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), debiera haber cobrado un 47% más: $379.429,53.

Para recuperar lo perdido, a los docentes debieran pagarles más de 8 salarios juntos. Ese “ahorro” para el Estado redunda en docentes que deben sumar cada vez más horas y más trabajos para llegar a fin de mes, o bien directamente abandonan la universidad pública en busca de salarios dignos.