12/05/2026 - Edición Nº1190

Política

Senado

Puertos con autonomía total: cómo es la propuesta para atarle las manos a Milei

12/05/2026 | El proyecto es de Jorge Capitanich. Busca declarar como “intangibles” los recursos económicos generados por la actividad portuaria. El caso de Ushuaia.



El senador nacional Jorge Capitanich presentó en el Congreso un proyecto de ley para establecer un régimen de autonomía, inviolabilidad e intangibilidad de los puertos provinciales, en una iniciativa que apunta a limitar la capacidad de intervención del Estado nacional sobre terminales portuarias administradas por las provincias.

La propuesta surge en medio de la controversia generada por la situación del puerto de Ushuaia y los reclamos de Tierra del Fuego frente a lo que distintos sectores locales interpretaron como un avance del Gobierno nacional sobre competencias provinciales.

El proyecto busca reforzar el carácter definitivo de las transferencias realizadas a las provincias a partir de la Ley Nacional de Actividades Portuarias 24.093 y establecer límites explícitos a cualquier intento de intervención administrativa desde el Poder Ejecutivo nacional.

Puerto comercial de Ushuaia, Tierra del Fuego

Qué propone el proyecto de Capitanich

La iniciativa establece que todos los complejos portuarios transferidos a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservarán plena autonomía operativa, administrativa y comercial.

En ese marco, el texto ratifica el “carácter definitivo e irrevocable” de la transferencia de dominio y jurisdicción de los puertos, y limita la participación del Estado nacional únicamente a funciones específicas delegadas por la Constitución, como control aduanero, seguridad de la navegación a través de la Prefectura Naval Argentina y sanidad fronteriza.

El proyecto aclara que esas competencias no podrán utilizarse para justificar injerencias en la administración comercial o tarifaria de los entes portuarios locales.

Además, propone declarar como “intangibles” los recursos económicos generados por la actividad portuaria, incluyendo cánones, tasas de uso, derechos de muelle y fondos específicos de infraestructura.

La prohibición de intervenir puertos provinciales

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el artículo que prohíbe al Poder Ejecutivo nacional intervenir organismos portuarios provinciales mediante decretos, resoluciones administrativas o medidas de excepción.

Según el texto presentado por Capitanich, cualquier intervención federal sólo podría concretarse mediante una ley del Congreso nacional y bajo circunstancias excepcionales vinculadas a riesgos para el comercio exterior o la seguridad nacional.

Incluso en esos casos, la intervención tendría un plazo máximo de 180 días y requeriría una consulta previa obligatoria al Consejo Federal Portuario.

La iniciativa también prohíbe que el Tesoro Nacional retenga fondos portuarios para compensar deudas provinciales o utilice esos recursos como garantía de obligaciones nacionales sin autorización legislativa de la provincia correspondiente.

El antecedente del puerto de Ushuaia

En los fundamentos del proyecto, Capitanich menciona expresamente la situación del puerto de Puerto de Ushuaia como uno de los antecedentes que motivaron la propuesta.

El dirigente peronista sostiene que la terminal fueguina posee un valor estratégico no sólo comercial sino también geopolítico, debido a su rol como principal puerta de entrada a la Antártida y nodo logístico clave para las operaciones argentinas en el Atlántico Sur.

La discusión se profundizó luego de que el gobierno nacional decidiera la intervención del puerto, alegando serios problemas en la infraestructura.

Desde Tierra del Fuego defendieron la potestad provincial sobre el manejo operativo del puerto, especialmente en un contexto de crecimiento del turismo antártico, la actividad de cruceros y el movimiento de cargas.

Así, interpretaron esas iniciativas como un avance sobre competencias transferidas a la provincia tras la descentralización portuaria de los años 90.

El Gobierno nacional, en tanto, justificó su intervención argumentando la necesidad de coordinar políticas estratégicas vinculadas al comercio exterior, la infraestructura logística y la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.

Funcionarios y dirigentes fueguinos sostuvieron que la administración local resulta indispensable para compatibilizar las distintas actividades que conviven en el puerto, entre ellas el turismo de cruceros, la logística antártica, el transporte de cargas y las operaciones científicas y de abastecimiento.

Federalismo y disputa por los recursos

En los fundamentos del proyecto, Capitanich plantea que la descentralización portuaria iniciada con la Ley 24.093 convirtió a los puertos en herramientas centrales del desarrollo económico regional.

Según argumenta, la falta de un “blindaje” jurídico específico dejó abiertas posibilidades de presión política o financiera desde el gobierno central.

El dinero del puerto debe volver al puerto”, sostiene el texto, al defender que los ingresos generados por cada terminal sean reinvertidos en infraestructura y servicios locales.

El proyecto de Capitanich abre además un debate sobre el rol estratégico de los puertos argentinos en el comercio exterior y en la política de soberanía.

En el caso de Ushuaia, la importancia excede ampliamente el movimiento económico provincial: la terminal concentra gran parte de las operaciones antárticas internacionales y constituye uno de los puntos logísticos más relevantes del Atlántico Sur.

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