Un amigo de Troglio complicó al principal acusado de la megaestafa inmobiliaria de La Plata

La principal estrategia defensiva de Diego Lacki en la causa por la megaestafa inmobiliaria de La Plata empezó a resquebrajarse dentro del expediente judicial. Un testigo clave declaró ante la fiscalía y aseguró que el empresario controlaba el funcionamiento de ABES mucho antes de quedar formalmente señalado en la investigación.

La declaración fue realizada por Fernando Alberto Gil, un transportista vinculado al exfutbolista y entrenador Pedro Troglio, quien relató conversaciones, operaciones inmobiliarias y situaciones que, según la acusación, refuerzan la hipótesis de una estructura manejada por Lacki y no por Lucrecia Soledad Villar Loos, la socia mayoritaria de la firma.

Durante años, el principal imputado sostuvo que Villar Loos era quien tomaba las decisiones dentro de la desarrolladora. Sin embargo, el testigo aseguró que, cuando le preguntó por la continuidad de la empresa, Lacki respondió: “Quedate tranquilo que yo esto lo manejo de taquito porque yo ya lo venía manejando desde mucho antes y quedate tranquilo que Lucrecia hace lo que yo quiero”.

Según la testimonial, el empresario también se refería de manera despectiva a su exsocia y denunciante. “Era una barbie que no entendía nada”, habría dicho sobre Villar Loos, a quien —según la declaración— utilizaba prácticamente como una empleada dentro de la estructura societaria.

La causa investiga un presunto esquema de estafas y administración fraudulenta vinculado a emprendimientos inmobiliarios paralizados en La Plata. Entre ellos aparecen edificios como ABES Cromo, Cross, Lumiere, Marath, Wayra y Almafuerte. Los investigadores estiman que el perjuicio económico supera los 20 millones de dólares y que existen más de 160 damnificados.

Uno de los tramos más delicados de la declaración involucra una operación vinculada a Troglio. Gil explicó que ofició como intermediario para la compra de una unidad en el edificio ABES Lucero cuando el entrenador trabajaba en Honduras.

Según relató, Lacki le indicó que el dinero podía ser transferido sin esperar el regreso del DT al país. El problema surgió cuando advirtió que la cuenta bancaria informada no pertenecía a la empresa sino al propio empresario y estaba radicada en Estados Unidos.

De acuerdo con el testimonio, al señalarle la irregularidad, Lacki le respondió que no había inconvenientes y que podían operar “en confianza” porque se trataba de su cuenta personal. Parte del dinero restante, además, habría sido entregado en efectivo en las oficinas de ABES.

Gil sostuvo además que conserva mensajes y audios de WhatsApp relacionados con esas conversaciones y que se comprometió a aportarlos a la causa.

La declaración también describe el modo en que, presuntamente, Lacki conseguía inversores. Según explicó, solía participar de reuniones informales, asados y encuentros privados donde ofrecía negocios inmobiliarios y se presentaba como el dueño de ABES.

Ese relato coincide con lo declarado anteriormente por Troglio, quien definió la maniobra como una “engaña pichanga” y aseguró que el empresario se mostraba como la cara visible de la desarrolladora, exhibiendo contactos políticos y judiciales.

En ese contexto, Gil afirmó que Lacki mencionó en distintas oportunidades que su esposa trabajaba en el Palacio de Justicia y que él tenía llegada a jueces y fiscales. Según declaró, el empresario le insinuó que “la cosa se podía destrabar siempre que nadie pusiera palos en la rueda”, comentarios que interpretó como intimidatorios.

La investigación también sumó en las últimas semanas documentación presentada por el abogado de los damnificados, Miguel Molina, que pone en duda un acta societaria utilizada por la defensa. Según registros migratorios incorporados al expediente, Villar Loos estaba fuera del país el día en que supuestamente firmó uno de los documentos clave exhibidos por Lacki.

La causa tramita en la Fiscalía N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y continúa acumulando pruebas mientras avanzan las denuncias de particulares, comerciantes, profesionales y entidades institucionales que aseguran haber perdido sus ahorros en los desarrollos inmobiliarios paralizados