"Nació suspendida": la respuesta del Gobierno al PRO por las universidades

Este martes se realiza la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las columnas de estudiantes, docentes y organizaciones sociales convergen en Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente. El reclamo ocurre en un clima de alta tensión política tras el freno judicial a la normativa que el Congreso ratificó el año pasado.

Desde el Gobierno nacional, la respuesta oficial apunta directamente a un error de origen en la sanción de la ley por parte del Poder Legislativo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la Oficina de Respuesta Oficial defienden la decisión de no girar los fondos. Según el oficialismo, la normativa sancionada vulnera principios básicos de la administración pública al pretender autorizar gastos sin detallar de dónde saldrán los recursos para pagarlos.

Según el Gobierno, la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida porque infringe el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual exige especificar el origen de los fondos; su aplicación inmediata implicaría un gasto de 1,9 billones de pesos que Nación considera una amenaza para el equilibrio de las cuentas públicas.

El cruce con Silvia Lospennato y el costo de 1,9 billones

La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, manifestó este martes su apoyo a la movilización con la frase "Yo marcho", instando al Gobierno a poner en marcha la ley. La Oficina de Respuesta Oficial salió al cruce de la legisladora mediante un comunicado que calificó la ley como una violación a la normativa vigente. El texto oficial detalló que el costo de aplicar la norma asciende a 1,9 billones de pesos, cifra que comprometería el equilibrio de las cuentas nacionales.

EN UNA REPÚBLICA, LOS TRES PODERES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES Y LOS FALLOS JUDICIALES

El año pasado, el Congreso Nacional sancionó la llamada “Ley de Financiamiento Universitario” en completa violación del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que “toda ley que autorice gastos… https://t.co/wFVewLhuDz

— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 12, 2026

El descargo oficial se basa en los siguientes puntos técnicos:

• La ley infringe el artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige especificar las fuentes de los recursos para todo gasto no previsto.
• Debido a esta falta, la ejecución nació suspendida por lo establecido en la Ley N° 24.629.
• El Gobierno nacional aseguró que respetará los fallos judiciales y la Constitución mientras el tema se define en la Corte Suprema.

Las narrativas de Alejandro Álvarez sobre auditorías y extranjeros

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, utilizó las redes sociales para cuestionar la legitimidad de la protesta y difundir datos sobre el funcionamiento interno de las instituciones. El funcionario negó que existan recortes presupuestarios y afirmó que se trata de una movilización "completamente política". En dupla con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los funcionarios resaltaron que la única ley que cumplirán será la de Presupuesto.

Salvo que sea la Ley de Administración Financiera, esa sí la pueden violar... Pero incluyo el fallo de la Justicia que suspende la aplicación de la ley; te lo dejo para que lo leas. https://t.co/6EskEkg0ne pic.twitter.com/vpwa7m2bzw

— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) May 12, 2026

Álvarez también planteó críticas sobre la población estudiantil y el control de los fondos:

• Sostuvo que universidades como la UBA se resisten a ser auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
• Cuestionó la cantidad de estudiantes extranjeros en facultades de Medicina, mencionando cifras del 40% en la UBA y 51% en la Universidad Nacional de La Plata.
• Sin embargo, datos de las facultades reportaron porcentajes menores: 28% en la UBA y 23% en la UNLP para el año 2024.

El freno de la Justicia y el reclamo por el Artículo 38

El conflicto legal escaló el pasado 7 de mayo cuando la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal. Esta decisión implicó que la medida cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas no se encuentre firme. El oficialismo remarcó que el juez federal Martin Cormick aclaró que nunca se dio inicio a la ejecución de la ley debido a la interposición de este recurso por parte del Estado nacional.

El argumento central del Ejecutivo reside en que la iniciativa de gasto público corresponde únicamente a su poder y debe discutirse en el Presupuesto. Federico Pinedo, referente del espacio, señaló que la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia sobre esta competencia del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió el expediente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y definir si la ley resulta aplicable.

Caída del presupuesto y crisis en hospitales universitarios

Los datos de ejecución presupuestaria muestran una realidad crítica para el sector educativo en el primer cuatrimestre de 2026. Los fondos girados por el Gobierno cayeron un 7,9% real interanual y acumulan una baja del 30,7% respecto a los niveles registrados en 2023. Si no se actualizan las partidas, se prevé que el presupuesto universitario para todo 2026 sea el más bajo desde el año 2005.

• La situación más grave se registra en los hospitales que dependen de las casas de altos estudios:
• Solo se ejecutó el 9,3% de los 114 mil millones de pesos presupuestados para el área de salud universitaria.
• El monto ejecutado representa una caída real del 67,1% respecto al mismo período de 2025.
• En comparación con 2023, la reducción de fondos para hospitales universitarios alcanzó el 86,4%.

Origen del conflicto: la ley aprobada en 2025 y el veto presidencial

La pulseada comenzó formalmente en agosto de 2025 cuando el Senado convirtió en ley el proyecto que obligaba a actualizar el presupuesto y los salarios docentes según la inflación acumulada. El presidente Javier Milei vetó la norma en septiembre de aquel año, bajo el argumento de que el gasto desproporcionado minaba la estabilidad macroeconómica. El Congreso rechazó el veto presidencial en octubre y ratificó la vigencia de la iniciativa legislativa.

La normativa ordena al Poder Ejecutivo aplicar una recomposición de los salarios basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde noviembre de 2023, los sueldos de los docentes universitarios perdieron un 34,2% de su poder adquisitivo en términos reales. Esta brecha salarial, sumada a la caída en los gastos de funcionamiento para servicios y mantenimiento, motivó la convocatoria de las organizaciones sindicales y estudiantiles a la cuarta movilización federal.

TM