Apenas cuatro meses después de haber aprobado el primer Presupuesto de toda la gestión de Javier Milei, el Gobierno volvió a meter mano sobre las cuentas públicas.
La razón oficial es sostener el superávit fiscal, uno de los pilares del programa económico. Pero detrás de esa meta aparece una tensión creciente: la caída de la actividad económica, la baja de la recaudación y los alivios tributarios obligan a profundizar los recortes.
La lógica es la de un círculo difícil de romper: menos actividad implica menos recaudación; menos ingresos obligan a ajustar más el gasto para sostener el equilibrio fiscal.
El problema es que esa motosierra empieza a sentirse cada vez más en áreas que impactan directamente sobre la vida cotidiana.
La modificación del Presupuesto 2026 implicó una poda total cercana a $2,5 billones, una cifra incluso superior al costo estimado de una eventual ley de financiamiento universitario, calculada en torno a los $2 billones.
El telón de fondo del ajuste es una recaudación que sigue sin recuperarse.
En abril, los ingresos tributarios de ARCA alcanzaron los $17,4 billones, con un aumento nominal del 27,2% interanual, aunque al descontar la inflación el dato mostró una caída real del 3,8%.
Se trata del noveno mes consecutivo de caída interanual real de la recaudación, una secuencia que comenzó en agosto del año pasado y que refleja una economía todavía golpeada por el menor consumo y la desaceleración de la actividad.

Este deterioro de los ingresos condiciona el objetivo del Gobierno de mantener un superávit fiscal estricto y cumplir la meta de 1,4% del PBI acordada con el FMI para 2026.
Uno de los recortes más sensibles aparece en el área de Salud.
La cartera que conduce Mario Lugones sufrió reducciones en distintas partidas:
A esto se suma una fuerte caída en las prestaciones del PAMI, que registraron un recorte de 29,5% interanual, producto de una menor asistencia financiera del Tesoro.
También las pensiones no contributivas mostraron una baja de 23,1% anual, por actualizaciones por debajo de la inflación y una reducción en el número de beneficiarios.
El ajuste también volvió a impactar sobre las universidades nacionales.
El Gobierno oficializó un recorte de $78.000 millones en educación y otros $5.300 millones destinados a infraestructura universitaria.
La poda afecta especialmente a universidades bonaerenses:
También hubo reducciones en partidas para universidades de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

En paralelo, las transferencias para salarios universitarios, que representan el 93,4% del total, registraron una caída de 6,1% interanual real, mientras que los fondos de funcionamiento retrocedieron 17,9%.
El deterioro se suma a salarios docentes y no docentes que vienen perdiendo contra la inflación.
El transporte tampoco quedó afuera de la motosierra.
El Gobierno aplicó un recorte cercano a $70.000 millones, en un contexto donde el costo del sistema ya se traslada cada vez más al usuario.
Entre enero y abril, los subsidios al transporte cayeron 29,4% interanual, principalmente porque una mayor parte del costo operativo empezó a cubrirse con el boleto pagado por pasajeros.
Sin margen para ampliar subsidios, el sector ya advirtió sobre tensiones por menores frecuencias y mayores dificultades financieras.
En Seguridad, el ajuste alcanzó los $34.380 millones, afectando partidas vinculadas a migraciones y lucha contra el narcotráfico.
Mientras que en Defensa, el recorte llegó a $48.905 millones.
Mientras el ajuste avanza sobre gasto social, subsidios y universidades, otras partidas siguen subiendo.
Entre enero y abril:
A la vez, el Gobierno mantuvo rebajas tributarias como cambios en Bienes Personales, reducciones del Impuesto a las Ganancias para sociedades, alivios sobre el denominado impuesto al lujo y fondos de asistencia laboral.
Según estimaciones privadas, el costo fiscal de estas medidas ronda los US$5.200 millones y podría alcanzar US$7.000 millones si se suman los efectos de las retenciones cero.
La orden oficial es clara: profundizar el ajuste para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI.
Por eso, el Ejecutivo avanzó con una instrucción de recortar otro 20% del gasto de capital y 2% del gasto corriente durante este año.
La discusión que empieza a instalarse entre economistas es cuánto tiempo puede sostenerse un modelo donde la caída de la actividad golpea la recaudación y obliga a un ajuste cada vez más profundo para mantener el superávit.