El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, una medida que oficializó un ajuste de casi 49.000 millones de pesos en las partidas destinadas al Ministerio de Defensa. El recorte golpeó de forma directa al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, afectando programas de alistamiento y logística en áreas estratégicas del territorio nacional. Dentro de este esquema, el sector más vulnerable resultó ser la presencia argentina en el continente blanco, debido a la quita de fondos para insumos operativos básicos.
La reestructuración presupuestaria generó una preocupación inmediata entre los cuadros militares por el impacto en la operatividad diaria y la permanencia efectiva en las bases. Este nuevo capítulo de la política económica nacional redujo el financiamiento para el equipamiento y el mantenimiento técnico de las tres fuerzas. La contradicción entre el discurso de soberanía y la realidad presupuestaria quedó expuesta tras la supresión de partidas que garantizan el movimiento de las dotaciones antárticas.
El impacto más crítico para la soberanía argentina en el sur se localiza en la baja de 960 millones de pesos destinados a combustibles y lubricantes dentro del programa de Sostén Logístico Antártico, una decisión que compromete el abastecimiento y la movilidad de las bases en plena campaña anual.
La logística en el sector antártico sufrió un golpe presupuestario directo que afecta la capacidad de transporte y calefacción en las bases argentinas. El Estado Mayor Conjunto registró una baja de 960 millones de pesos en la partida de combustibles y lubricantes necesaria para ejecutar la campaña antártica. Esta reducción pone en duda la continuidad de los movimientos logísticos previstos para el resto del año, dado que estos recursos resultan vitales para el funcionamiento de los generadores y vehículos en el clima extremo.

Andrei Serbin Pont, analista de defensa, advirtió a Infobae que este ajuste impacta en la capacidad de permanencia y abastecimiento del personal científico y militar en el sur. "Se han recortado combustibles y lubricantes para la campaña antártica. Hay que ver cómo afecta esto más adelante y si se van a redirigir recursos de otro lado", subrayó el especialista. La quita de estos fondos se produce en un contexto donde el 90% del presupuesto de las fuerzas ya se destina exclusivamente a salarios y pensiones.
Más allá de la Antártida, el ajuste de la Decisión Administrativa 20/2026 repercute en el funcionamiento cotidiano de todas las unidades militares del país. Fuentes del Ejército Argentino aseguraron que la medida afectará el pago de servicios básicos como luz, gas y agua en los cuarteles. El malestar aumentó debido a que muchos soldados dependen directamente de las raciones de comida en los regimientos porque sus bajos salarios no les permiten alimentarse fuera de las unidades.

El recorte del 2,6% sobre el presupuesto del sector compromete la entrega de alimentos y las tareas de mantenimiento edilicio. Un militar en actividad reveló que el ajuste ocurre en el mismo momento que el Gobierno anuncia un beneficio marginal por la venta de inmuebles estatales, lo cual calificó como "insólito". La crisis se extiende a la obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que acumula una deuda de 300.000 millones de pesos y dejó a miles de afiliados sin cobertura de salud básica.
La Fuerza Aérea Argentina resultó la rama más perjudicada en términos nominales, con una pérdida de 16.500 millones de pesos en su programa de alistamiento operativo. El ajuste afecta principalmente a los bienes de uso y el equipamiento militar necesarios para mantener los sistemas de armas en vuelo. Esta situación generó dudas sobre la puesta en servicio de los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, de los cuales solo llegaron seis de las 24 unidades pactadas.

Expertos en defensa señalan que el entrenamiento de los pilotos y la operatividad de un sistema tan costoso como el F-16 requieren recursos que el presupuesto actual no garantiza. "Que los vean volar los cordobeses cada tanto no implica poner en servicio un sistema de armas tan caro", afirmaron fuentes militares ante la falta de fondos para mantenimiento. La prioridad presupuestaria se concentró en el programa F-16, pero el recorte actual deja "herido de muerte" el plan de vuelos regulares de la fuerza.
La Armada Argentina sufrió un recorte neto de 15.220 millones de pesos, lo que obligó a suspender proyectos de reequipamiento fundamentales para la Base Naval Puerto Belgrano. El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por 10.620 millones de pesos que estaba destinada a la compra de cuatro helicópteros navales livianos AW109M. Estas aeronaves buscaban renovar la capacidad aeronaval ante el envejecimiento de los modelos Sea King y Fennec actualmente en servicio.

La supresión de este financiamiento posterga de manera indefinida la recuperación de la capacidad de patrullaje marítimo y búsqueda y rescate. En la Armada afirman que, ante la imposibilidad de comprar naves nuevas, comenzó a barajarse la adquisición de submarinos usados como donación para no perder la formación de los submarinistas. La única área con refuerzo fue la sanidad naval, con 4.000 millones de pesos para insumos médicos, aunque esto no compensa la pérdida de capacidades operativas.
El ajuste se formalizó apenas una semana después de que el Gobierno presentara el "Plan ARMA", un ambicioso programa de modernización y reequipamiento militar. La contradicción entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria quedó en evidencia, ya que el gasto en Defensa se ubicó en el 0,28% del PBI, uno de los niveles más bajos de la historia argentina. El Presupuesto 2026 además derogó la obligación legal de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las fuerzas.

El recorte total para la Jurisdicción 45 equivale a unos 35 millones de dólares, una cifra que los analistas consideran pequeña para el Estado nacional pero letal para el funcionamiento militar. "Si tenías el Plan ARMA para reequipar, estos 35 millones de dólares hubiesen sido recursos adicionales. En cambio, son recursos para llenar el vacío de un recorte", graficó Serbin Pont. El sector militar observa con desconfianza que se le quiten fondos mientras se prometen ingresos futuros por privatizaciones y ventas de inmuebles.
La reestructuración presupuestaria se ejecutó a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El documento oficial detalló una poda superior a los 2,4 billones de pesos en toda la Administración Pública Nacional con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. En el área de Defensa, el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Germán Cabado, refrendó los recortes que afectaron al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.
El ajuste no solo impactó en las fuerzas militares, sino que también eliminó partidas para seguridad vial, mantenimiento de puentes y construcción de rutas nacionales. Las Obligaciones a Cargo del Tesoro registraron una reducción de 1,47 billones de pesos, afectando empresas públicas educativas y de energía. Esta medida consolidó la tendencia de caída del gasto público en áreas de infraestructura, mientras el ministro de Defensa, Carlos Presti, enfrenta el malestar creciente de los mandos militares por la falta de recursos operativos.
TM