La frase estampada en la carrocería terminó convirtiéndose en el símbolo más incómodo del caso. Una camioneta oficial del Poder Judicial de San Juan identificada como “vehículo recuperado del delito” quedó involucrada en una investigación por el presunto robo de equipos de aire acondicionado del propio Estado provincial.
El escándalo derivó este martes en una fuerte reacción institucional. La Corte de Justicia sanjuanina resolvió suspender preventivamente a dos empleados judiciales acusados de haber utilizado el vehículo para retirar cuatro aires acondicionados del obrador oficial ubicado en la capital provincial.
Los sospechosos, identificados como Juan Pablo A. y Juan José G., fueron imputados por el delito de peculado, figura que castiga a los funcionarios públicos que sustraen bienes bajo su custodia.

La investigación está encabezada por el fiscal coordinador Iván Grassi junto a la ayudante fiscal Victoria Martín, mientras que la audiencia de formalización fue dirigida por el juez de Garantías Matías Parrón.
En esa audiencia, el magistrado dispuso que los acusados permanezcan en libertad bajo medidas cautelares y fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria.
Según la reconstrucción judicial, el episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 8 de mayo en el edificio donde funcionan las áreas de Patrimonio y Servicios Generales del Poder Judicial, entre las calles San Luis y 25 de Mayo.
Los investigadores sostienen que los imputados aprovecharon el acceso que tenían a esos sectores para retirar equipos de aire acondicionado almacenados en el obrador judicial. Para la fiscalía, no existía autorización administrativa ni documentación que justificara el traslado de esos bienes.
La maniobra habría sido realizada utilizando una Toyota Hilux perteneciente al Poder Judicial, justamente identificada con la leyenda “vehículo recuperado del delito”, detalle que amplificó la repercusión pública del expediente.
Durante los procedimientos posteriores, los efectivos encontraron los cuatro equipos de aire acondicionado en la vivienda de uno de los acusados. Según la hipótesis fiscal, los aparatos habrían sido trasladados allí para beneficio personal.
La causa también involucra a Jorge Fernando C., otro empleado judicial mencionado por los imputados como quien habría impulsado la maniobra. El hombre estuvo varias horas prófugo hasta que finalmente se presentó ante la Justicia y quedó a disposición de la investigación.
En paralelo a la causa penal, la Corte provincial abrió un sumario administrativo interno para determinar cómo ocurrió el episodio y analizar la conducta de los trabajadores involucrados.