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14/05/2026 - Edición Nº1192
Política
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Tarifas y tasas municipales: reflotan proyecto de Carrió con aroma a Caputo
14/05/2026 | La iniciativa del 2018 fue presentada nuevamente por los diputados de la Coalición Cívica. El antecedente de María Eugenia Vidal.
La iniciativa de Elisa Carrió había sido presentada en el 2018.
El bloque de la Coalición Cívica volvió a poner en agenda un proyecto impulsado originalmente en 2018 por Elisa Carrió que busca prohibir la inclusión de tasas municipales y cargos ajenos al consumo en las facturas de servicios públicos.
La iniciativa, presentada ahora por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, reaparece en un contexto marcado por la judicialización de la ofensiva del ministro de Economía Luis Caputo contra ese tipo de cobros.
El proyecto recupera el espíritu de una discusión que atravesó el debate tarifario durante el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo como uno de sus capítulos más importantes la decisión tomada en 2018 por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cuando eliminó impuestos provinciales incluidos en las boletas de luz, gas y agua para amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios.
Qué propone el proyecto reflotado por la Coalición Cívica
La iniciativa plantea modificar los artículos 30 bis y 31 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El eje central apunta a prohibir que las empresas prestatarias incorporen en las facturas “cualquier cargo o tributo que no responda exclusivamente al consumo realizado”.
Según el texto, los únicos tributos que podrían figurar en las boletas serían el IVA y el impuesto sobre los Ingresos Brutos, siempre que correspondan legalmente.
De esta manera, quedarían excluidas múltiples tasas municipales o cargos provinciales que históricamente fueron incorporados en facturas de electricidad, agua o gas, especialmente aquellas vinculadas a alumbrado público, fondos de infraestructura o contribuciones locales.
La propuesta también establece que:
- Las deudas anteriores deberán detallarse en documentos separados.
- Las empresas tendrán que informar con claridad si existen montos pendientes.
- No podrán cortar el servicio mientras exista una discusión sobre consumos presuntamente erróneos.
Si una factura supera en más de un 75% el promedio histórico de consumo, se presumirá que existe un error hasta que la empresa demuestre lo contrario.
El antecedente de 2018: Vidal y la idea de “boletas limpias”
El proyecto reflotado por la Coalición Cívica tiene una fuerte conexión conceptual con las medidas impulsadas durante 2018 por la gestión de María Eugenia Vidal.
En aquel momento, en plena crisis por los tarifazos aplicados entre 2016 y 2018, la administración bonaerense anunció la eliminación de impuestos provinciales incluidos en las facturas de servicios públicos. La medida había sido promovida por el gobierno nacional de Mauricio Macri como una forma de reducir el impacto político y social de las fuertes subas.
La decisión implicó una reducción del 15,7% en las facturas de electricidad, una baja del 6,3% en el servicio de gas y una disminución del 6,2% en las boletas de agua.
El objetivo político era que las facturas llegaran “limpias”, es decir, con el costo del servicio estrictamente separado de otros conceptos adicionales.
En ese contexto, Vidal también cuestionó a cooperativas eléctricas y municipios que incorporaban cargos sociales o municipales dentro de las boletas de luz.
La ofensiva de Caputo en 2024 y la judicialización del conflicto
La discusión volvió al centro de la escena en 2024, cuando el ministro de Economía Luis Caputo impulsó la Resolución 267/2024, que prohibió incluir tasas municipales en las facturas emitidas por empresas de servicios públicos.
La medida fue presentada por el gobierno de Javier Milei como parte de una estrategia para transparentar las tarifas y evitar lo que definieron como “cobros indebidos” o “distorsiones” en las boletas.
Sin embargo, distintos municipios avanzaron judicialmente contra la resolución nacional, argumentando que afectaba la autonomía municipal y provincial.
Este año, por ejemplo, la Justicia Federal de San Nicolás declaró “inconstitucional” la resolución de Economía tras una presentación de la Municipalidad de Pergamino, gobernada por el intendente del PRO Javier Martínez.
El fallo sostuvo que la Nación no puede avanzar sobre facultades tributarias reservadas a provincias y municipios y validó el cobro de la tasa de alumbrado público dentro de la factura eléctrica.
Pergamino es una ciudad argentina ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido homónimo.
El argumento de los municipios: temor a una caída de la recaudación
Los municipios sostienen que separar las tasas de las facturas de servicios provocaría un derrumbe en la cobrabilidad.
En el caso de Pergamino, la comuna aseguró ante la Justicia que la recaudación de la tasa de alumbrado alcanza niveles cercanos al 97% cuando se cobra junto con la boleta de electricidad, pero podría caer por debajo del 50% si se factura por separado.
Ese esquema representa miles de millones de pesos para las administraciones locales, en un contexto donde intendentes de distintos signos políticos denuncian mayores demandas sociales y menores recursos.
El conflicto, así, excede la discusión sobre defensa del consumidor y se transforma también en una disputa por autonomía fiscal y financiamiento municipal.
El gobierno de @JMilei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr!
— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 11, 2024
La decisión anunciada hoy por @LuisCaputoAR no perjudica a los intendentes sino a los vecinos y vecinas de cada distrito.
Un dato: las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace… https://t.co/JXCHqloO9T pic.twitter.com/LhSe9d6gLz
La mirada de la Coalición Cívica
En los fundamentos del proyecto, la Coalición Cívica sostiene que la inclusión de tasas y cargos ajenos al servicio constituye una “práctica abusiva” que termina encareciendo artificialmente las boletas.
Los autores recuerdan además que el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza la protección de los consumidores y usuarios, y argumentan que los servicios públicos esenciales deben reflejar únicamente el costo real del consumo.
“La aplicación de tributos y otros cargos no correspondidos colocan al usuario en la obligación de pagar un importe mayor al que consumió”, señala el texto.
