14/05/2026 - Edición Nº1192

Política

Congreso

Colectivos en el AMBA: los 10 pedidos urgentes de la diputada de Guillermo Moreno

14/05/2026 | La iniciativa apunta directamente a la Secretaría de Transporte, y pone el foco en el esquema de subsidios, las frecuencias y los costos.



La diputada nacional María Elena Velázquez, referenciada políticamente en el espacio que lidera Guillermo Moreno, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno nacional explique distintos aspectos vinculados al sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de reclamos empresariales, reducción de frecuencias y aumentos sostenidos del boleto.

La iniciativa apunta directamente al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Transporte, y pone el foco en el esquema de subsidios, la situación financiera de las empresas, el impacto del aumento del gasoil y la caída en la cantidad de pasajeros transportados.

El proyecto también busca cuestionar la política de transporte del Gobierno nacional y advertir sobre el deterioro del servicio en el AMBA, una región donde conviven actualmente tres administraciones diferentes sobre el sistema de colectivos.

Cómo se divide hoy el control de los colectivos en el AMBA

En la actualidad, el sistema de transporte automotor del AMBA está fragmentado en tres jurisdicciones distintas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires administra las líneas que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño. La Provincia de Buenos Aires controla aquellas líneas que operan únicamente dentro del territorio bonaerense. En tanto, el Estado nacional mantiene bajo su órbita las líneas que realizan recorridos entre ambas jurisdicciones.

De esta manera, el AMBA funciona con tres estrategias administrativas y tarifarias diferenciadas. Sin embargo, en los últimos meses la política de actualización de boletos tuvo una dinámica similar en las tres jurisdicciones, con incrementos atados principalmente a la inflación y a la evolución de los costos operativos.

Según el proyecto presentado por Velázquez, durante el último año las tarifas acumularon subas del 39,47% en la provincia de Buenos Aires y del 27,01% en la Ciudad de Buenos Aires, porcentajes que, sostiene la diputada, se ubicaron por encima de la inflación medida por el INDEC para el mismo período.

El trasfondo del reclamo: menos pasajeros y empresas en crisis

En los fundamentos del proyecto, la legisladora cita un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que refleja una fuerte caída en la cantidad de usuarios del transporte público.

De acuerdo con esos datos, la cantidad de pasajeros cayó un 11% en marzo y un 21% en abril respecto de los mismos meses de 2025. La iniciativa atribuye ese fenómeno al aumento de tarifas y al deterioro de la situación económica y laboral.

El texto también menciona que distintas cámaras empresarias del sector advirtieron sobre la imposibilidad de sostener el servicio con los actuales costos operativos, especialmente tras el aumento del precio del gasoil.

Entre las entidades que firmaron el comunicado citado por la diputada aparecen la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

Según el proyecto, desde abril varias empresas comenzaron a reducir frecuencias en servicios nacionales y provinciales.

Los cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei

El pedido de informes también incorpora críticas políticas a la gestión del presidente Javier Milei en materia de transporte público.

La diputada sostiene que al inicio de la administración libertaria se prometieron desregulaciones y mejoras en el servicio, pero asegura que la situación actual muestra “menos colectivos en la calle”, líneas fusionadas o desaparecidas y mayores dificultades para los pasajeros.

Entre los ejemplos mencionados aparecen las fusiones de las líneas 90 y 151, 6 y 50, y 99 y 106, además de la situación de la línea 23.

El texto además describe un escenario de mayores tiempos de espera, problemas salariales en el sector y empresas que reclaman atrasos en el pago de subsidios.

Los 10 puntos que el Gobierno deberá responder

El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo informe una serie de datos concretos sobre subsidios, costos y funcionamiento del sistema de colectivos:

  1. Subsidios al transporte en 2026: la diputada pide conocer cuánto destina el Estado nacional a subsidios para el transporte público de pasajeros tanto en el AMBA como en el resto del país. También solicita el promedio de subsidio por pasajero transportado y por kilómetro recorrido.
  2. Valor del boleto sin subsidios: el pedido busca determinar cuánto costaría el boleto mínimo en el AMBA si el sistema no contara con aportes estatales.
  3. Demoras en el pago a las empresas: otro de los puntos apunta a conocer cuánto tiempo demora el Estado en pagar los subsidios a las empresas de transporte del AMBA y del interior del país.
  4. Empresas beneficiadas: la legisladora solicita el listado de empresas de transporte automotor de pasajeros que reciben subsidios nacionales.
  5. Deuda acumulada: el proyecto pregunta cuál es el monto total de deuda acumulada por pagos pendientes de subsidios al sector.
  6. Frecuencia promedio de los servicios: Velázquez también pide información sobre las frecuencias promedio que deben cumplir las empresas que operan en el AMBA.
  7. Respuesta al reclamo empresario: uno de los puntos más políticos del proyecto apunta a conocer por qué el Gobierno nacional no actuó tras el comunicado emitido por las cámaras empresarias el 31 de marzo de 2026, en el que advertían posibles reducciones del servicio por el aumento del gasoil.
  8. Impacto del combustible: la diputada solicita estimaciones oficiales sobre cuánto influye el incremento del combustible en el costo de mantener el nivel actual de prestación del servicio.
  9. Recursos para salarios y presupuesto: el proyecto también pregunta si la Secretaría de Transporte evaluó la suficiencia de las partidas presupuestarias frente a futuros reclamos salariales del sector.
  10. Futuro de los subsidios: finalmente, la iniciativa consulta si el Gobierno nacional está dispuesto a impulsar una solución “integral y equitativa” para la distribución de subsidios al transporte urbano y suburbano.