Reforma penal
14/05/2026 - Edición Nº1192
Política
Diputados
Escuelas secundarias: el plan de LLA para explicar la nueva ley penal juvenil
14/05/2026 | El objetivo es desarrollar propuestas educativas que permitan explicar a los jóvenes cuáles son las conductas alcanzadas por la ley y las consecuencias.
El bloque de La Libertad Avanza busca concientizar a los jóvenes y prevenir posibles delitos.
Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para crear un “Régimen Complementario” orientado a la formación y concientización de adolescentes sobre los alcances de la nueva Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa apunta especialmente al nivel secundario y propone incorporar acciones educativas, jornadas institucionales y contenidos pedagógicos vinculados al conocimiento de las responsabilidades penales desde los 14 años.
La propuesta fue encabezada por la diputada nacional Johanna Longo y acompañada por legisladores libertarios como Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Beltrán Benedit y Carlos Raúl Zapata, entre otros.
El proyecto se inscribe en el debate abierto tras la sanción de la Ley 27.801, aprobada por el Congreso en febrero de 2026 y promulgada en marzo de este año, que reemplazó el histórico decreto-ley 22.278 de la última dictadura militar y reformó integralmente el sistema penal juvenil argentino.
Qué propone el proyecto
La iniciativa establece un régimen complementario destinado a que los adolescentes “profundicen conocimientos y tengan una comprensión adecuada” sobre los alcances del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Según el texto, el objetivo central es desarrollar propuestas educativas y comunitarias que permitan explicar a los jóvenes cuáles son las conductas alcanzadas por la ley, cuáles son las consecuencias legales y cuál es el rol de las normas en la convivencia social.
El proyecto plantea que la difusión se realice principalmente en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, mediante actividades pedagógicas, campañas informativas, materiales digitales y jornadas de capacitación docente.
Entre los principales objetivos figuran:
- promover la divulgación didáctica de la Ley 27.801;
- fomentar la participación de toda la comunidad educativa;
- reforzar la comprensión de la ley como herramienta de protección y convivencia;
- incentivar la responsabilidad individual y el respeto por terceros;
- impulsar espacios de debate y reflexión con participación de las familias.
Además, la autoridad de aplicación —que quedaría a definir por el Poder Ejecutivo— podría coordinar acciones con provincias, municipios, universidades, organizaciones civiles y entidades educativas.
El contexto: la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil
La propuesta aparece como una derivación directa de la reciente reforma del sistema penal juvenil argentino. La Ley 27.801 introdujo cambios de alto impacto político, judicial y social, especialmente por la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La norma establece que el régimen se aplicará a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean acusados de delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales.
Entre sus principales puntos se destacan:
- la prohibición de prisión perpetua para menores;
- un máximo de 15 años de pena privativa de libertad;
- la obligación de separar completamente a los adolescentes detenidos de los adultos;
- la prioridad de medidas alternativas como programas educativos, servicios comunitarios y monitoreo electrónico;
- la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia juvenil;
- la confidencialidad de los procesos para proteger la identidad de los menores.
La ley también establece que la privación de libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y bajo criterios socioeducativos orientados a la reinserción.
La mirada de los autores del proyecto
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la adolescencia es una etapa “decisiva” para la formación de hábitos, valores y proyectos de vida, y argumentan que muchos jóvenes desconocen que determinadas conductas pueden derivar en consecuencias penales.
El texto menciona ejemplos como amenazas, lesiones, violencia grupal, daños y hostigamiento digital, conductas que —según los autores— muchas veces aparecen “naturalizadas” entre adolescentes.
Los impulsores de la iniciativa sostienen además que el sistema no debe intervenir únicamente frente a delitos graves ya consumados, sino también actuar preventivamente ante situaciones iniciales de conflictividad que puedan escalar.
En ese sentido, remarcan que “la ley no sólo sanciona, sino también protege” y plantean que el conocimiento temprano de los límites legales puede contribuir a evitar trayectorias de violencia, reincidencia y exclusión social.
El rol de las escuelas y los docentes
El proyecto toma como respaldo distintos artículos de la Ley Nacional de Educación 26.206 y de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061.
Los autores señalan que el sistema educativo tiene entre sus objetivos la formación ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de valores democráticos y de convivencia.
Por ese motivo, la iniciativa propone que los docentes participen activamente como agentes de difusión y formación, a través de capacitaciones específicas y contenidos transversales incorporados al ámbito escolar.
La propuesta también prevé que las actividades se adapten a la edad, el grado de madurez y la autonomía progresiva de los adolescentes.
