El oficialismo dio un paso clave para avanzar con una profunda reforma del régimen de subsidios al gas en zonas frías. En un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen de mayoría un proyecto que redefine quiénes podrán acceder a la ayuda estatal y que podría dejar afuera a usuarios de mayores ingresos.
La iniciativa impulsada por el Gobierno busca modificar el actual esquema de subsidios sobre el consumo residencial de gas natural y avanzar hacia un sistema focalizado únicamente en sectores vulnerables. Además, incluye mecanismos para regularizar deudas eléctricas.
La encargada de defender el proyecto fue la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, quien sostuvo que el modelo vigente terminó beneficiando “a ricos y pobres” sin distinguir niveles de ingresos.
“Creemos que los recursos económicos son escasos y que hay que utilizarlos de forma eficiente y justa. La forma justa de subsidiar la energía tiene que ser exclusivamente para la gente que lo necesita”, afirmó la funcionaria durante su exposición ante los diputados.

Según explicó, el Gobierno mantendrá el beneficio histórico para las regiones más frías del país, donde el consumo de gas puede multiplicarse entre cuatro y siete veces respecto de otras zonas. Sin embargo, buscará recortar subsidios en áreas incorporadas al régimen durante los últimos años.
“El Estado Nacional está poniendo 500 mil millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces creemos que acá hay que hacer una modificación importante”, insistió Tettamanti.
La propuesta apunta a mantener la asistencia para usuarios de menores ingresos dentro de las denominadas zonas frías tradicionales, pero reducir el alcance para sectores con capacidad de pago.
Según detalló la funcionaria, el objetivo es que “la gente que puede pagar la energía, la pague” y que los recursos estatales se concentren en quienes realmente necesitan ayuda para afrontar las tarifas.
El esquema actual se financia mediante un recargo del 7,5% que pagan todos los usuarios del país en sus facturas de gas, incluso aquellos que viven fuera de las zonas alcanzadas por el beneficio.
La discusión generó fuertes cuestionamientos desde Unión por la Patria, especialmente de legisladores patagónicos que advirtieron que el nuevo enfoque modifica el espíritu original de la ley.
El diputado Juan Pablo Luque pidió precisiones sobre si el Gobierno mantendrá el subsidio tal como funciona actualmente o si avanzará con recortes vinculados al costo del transporte y distribución del gas.
En la misma línea, Ariel Rauschenberger cuestionó que el Ejecutivo pretenda redefinir el beneficio según ingresos y no según las condiciones climáticas de cada región.
“Este enfoque es totalmente contradictorio con la génesis que dio origen a la zona patagónica y a este reconocimiento que tenemos los habitantes de la Patagonia”, sostuvo.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, apuntaron directamente contra la ampliación del régimen aprobada en 2021 y acusaron al kirchnerismo de haber extendido el beneficio por razones electorales.
La diputada Laura Rodríguez Machado aseguró que aquella reforma convirtió el esquema en “un subsidio pro ricos” y sostuvo que se amplió hacia zonas donde incluso “se puede discutir si realmente son frías”.
“El peso electoral de lugares como la provincia de Buenos Aires o el sur de Córdoba implicaba la necesidad de dar algo extra para no perder las elecciones”, lanzó la legisladora libertaria.
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará ahora llevar el proyecto al recinto en medio de una creciente discusión política sobre el costo de los servicios públicos y el futuro del esquema de subsidios energéticos.
La iniciativa promete abrir una nueva pelea entre el Gobierno y las provincias patagónicas, donde el beneficio por zona fría es considerado una compensación histórica por las bajas temperaturas y el elevado consumo energético durante gran parte del año.