Más de 12 mil presos y 5 mil esperando cupo: el colapso complica a las cárceles

El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva prórroga de la emergencia penitenciaria federal por otros dos años, en medio de una creciente crisis de sobrepoblación carcelaria que ya llevó al sistema a funcionar por encima de su capacidad máxima.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 439/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según los datos difundidos por el propio Ejecutivo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 12.248 personas detenidas, pese a que la infraestructura disponible fue diseñada para un máximo operativo de 10.932 plazas. El número implica un excedente cercano al 6% y confirma el estado de saturación del sistema.

Más de 5 mil detenidos esperan cupo

El informe oficial que acompaña la resolución advierte además sobre una fuerte presión acumulada en los últimos años.

Entre fines de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos a la órbita federal, mientras que todavía existen 5.073 personas arrestadas que esperan conseguir una vacante para ser trasladadas a unidades penitenciarias.

Ese dato expone uno de los principales problemas estructurales que enfrenta actualmente el sistema carcelario: la falta de espacio disponible para alojar nuevos internos.

Condenados y procesados

De acuerdo con el relevamiento oficial, el 61,83% de la población penitenciaria corresponde a personas con condena firme, mientras que el 38,17% permanece detenida bajo proceso judicial y sin sentencia definitiva.

La situación reavivó además el debate sobre el uso de prisiones preventivas y el nivel de saturación que atraviesan distintas cárceles federales.

La Ciudad, en el centro del conflicto

Uno de los puntos centrales que el Gobierno utilizó para justificar la continuidad de la emergencia fue el retraso en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, el SPF mantiene bajo custodia a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias porteñas, una cifra que representa prácticamente la mitad de toda la población carcelaria federal.

Desde el Ejecutivo sostienen que esa situación genera una presión adicional sobre el sistema penitenciario nacional y dificulta cualquier intento de descomprimir la sobreocupación.

La emergencia penitenciaria fue declarada originalmente para agilizar contrataciones, ampliar infraestructura y acelerar medidas excepcionales frente al colapso carcelario, aunque el problema continúa profundizándose año tras año.