Camiones y ataques de madrugada: la trama detrás de la banda acusada de robar cables subterráneos

Los investigadores encontraron algo más que cables robados. En un galpón de Avellaneda apareció un camión especialmente acondicionado, máquinas para cortar cobre, vehículos de carga y el rastro de sociedades comerciales que, según la fiscalía, podrían haber sido utilizadas como pantalla para mover el material sustraído.

Ese hallazgo terminó de reforzar la hipótesis de la Justicia Federal de Azul sobre la existencia de una organización criminal con logística propia, estructura jerárquica y capacidad para ejecutar robos de cableado subterráneo a cientos de kilómetros de donde residían sus integrantes.

La investigación quedó formalmente dirigida contra seis personas acusadas de integrar una asociación ilícita destinada al robo de cables y a la interrupción de comunicaciones en Olavarría. La audiencia se realizó ante el juez federal de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio, quien hizo lugar a los pedidos formulados por la fiscal subrogante María José Buglione y el auxiliar fiscal Lucas Moyano.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado declaró el caso como complejo, habilitó un plazo de dos años para desarrollar la pesquisa y ordenó la prisión preventiva por 90 días para cinco de los imputados. La única mujer acusada quedó en libertad.

La causa se inició en noviembre de 2025, cuando cuatro hombres —dos argentinos y dos uruguayos— fueron sorprendidos mientras intentaban robar cableado en Olavarría. A partir de los teléfonos secuestrados durante aquel procedimiento, la fiscalía reconstruyó vínculos y movimientos que derivaron en nuevos allanamientos y en la ampliación de la investigación.

Según la acusación, la banda participó en al menos cinco hechos cometidos entre septiembre y noviembre del año pasado, casi siempre de madrugada. Los ataques dejaron sin servicio a cerca de mil usuarios y provocaron pérdidas superiores a los 20 millones de pesos para la empresa afectada. Entre los lugares alcanzados por los cortes figuraban la comisaría segunda de Olavarría y un destacamento de la Policía Federal.

La fiscalía encuadró el caso bajo la figura de asociación ilícita criminal prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para organizaciones dedicadas a delitos graves.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el presunto jefe de la estructura era R.A.C., señalado como responsable del financiamiento y de aportar vehículos de gran porte para concretar los robos. La investigación sostiene que utilizaba billeteras virtuales para solventar la operatoria y que impartía órdenes directas al resto de los integrantes.

Los roles de los acusados

Los fiscales también describieron distintos roles dentro de la organización: supervisión operativa, inteligencia previa, extracción técnica del cableado y traslado del material robado hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo puesto en la infraestructura hallada en el galpón allanado en Avellaneda. Allí se secuestraron cables con la inscripción “Telefónica”, una máquina industrial para cortar cable y extraer cobre, una bobina para enrollarlo y un camión acondicionado especialmente para la maniobra investigada.

Según la fiscalía, los vehículos estaban modificados con malacates, sistemas de poleas y motores auxiliares que permitían arrancar tramos enteros de cable subterráneo “en minutos”.

La pesquisa además detectó la existencia de empresas que, según los investigadores, podrían haber funcionado como cobertura para los traslados y la logística. Una de ellas figuraba vinculada a la mujer imputada y a su pareja, aunque el Ministerio Público Fiscal advirtió que la firma no registraba CUIT ni actividad comercial real.

“No solo el despliegue logístico da cuenta de una organización de gran envergadura, si se contempla que todos los investigados residen en CABA o AMBA y los hechos ocurrieron a 400 kilómetros de distancia”, sostuvo Buglione durante la audiencia. Y agregó: “Además, se serviría de por lo menos dos empresas como parte de la maniobra”.