El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por la Acordada N° 11/2026 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se aprobaron nuevos modelos y exigencias formales para la presentación de recursos de inconstitucionalidad y recursos de queja vinculados a ese mecanismo extraordinario.
La entidad sostuvo que las modificaciones impactan directamente en la labor cotidiana de abogados y abogadas litigantes, ya que introducen pautas específicas sobre admisibilidad, extensión, autosuficiencia y fundamentación de las presentaciones judiciales.
🟦Grave preocupacion por la Acordada N° 11/2026 del TSJ
— C.P.A.C.F (@CPACF) May 13, 2026
✔️ El CPACF expresa su profunda preocupación respecto de la Acordada N° 11/2026 dictada por el TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual se aprobaron nuevos modelos y requisitos formales aplicables al… pic.twitter.com/5DuhYmeQOB
Uno de los puntos centrales planteados por el CPACF es que la propia acordada no establece de manera expresa cuáles serían las consecuencias ante el incumplimiento de esos requisitos formales.
En ese sentido, la entidad advirtió que eventuales observaciones sobre el formato o la forma de presentación no deberían derivar en rechazos automáticos que puedan afectar el acceso a la jurisdicción y la garantía de tutela judicial efectiva.
Desde la colegiatura sostuvieron que existe preocupación por la posibilidad de que exigencias de carácter técnico terminen convirtiéndose en barreras adicionales para quienes buscan acceder a instancias judiciales superiores.
La entidad también puso en discusión el alcance de las facultades del Tribunal para avanzar con regulaciones de este tipo sin una instancia previa de intercambio con la abogacía organizada.
Según señalaron, la participación del sector no constituye una cuestión meramente corporativa sino un elemento relevante dentro del funcionamiento institucional del sistema judicial. En esa línea, recordaron que la Ley 23.187 asigna al Colegio funciones vinculadas con la defensa del ejercicio profesional y la intervención en asuntos de interés jurídico e institucional.
Pese a los cuestionamientos, el CPACF ratificó su disposición a colaborar con el TSJ y ofreció su experiencia técnica para participar en el análisis y eventual perfeccionamiento de las nuevas regulaciones.