14/05/2026 - Edición Nº1192

Política

Debate judicial

Abogados porteños: el cambio del TSJ que puede frenarte un recurso clave

14/05/2026 | El CPACF cuestionó una acordada del Tribunal Superior de Justicia porteño y advirtió que los nuevos requisitos para presentar recursos podrían afectar el acceso a la jurisdicción.



El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por la Acordada N° 11/2026 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se aprobaron nuevos modelos y exigencias formales para la presentación de recursos de inconstitucionalidad y recursos de queja vinculados a ese mecanismo extraordinario.

La entidad sostuvo que las modificaciones impactan directamente en la labor cotidiana de abogados y abogadas litigantes, ya que introducen pautas específicas sobre admisibilidad, extensión, autosuficiencia y fundamentación de las presentaciones judiciales.

Temor por posibles barreras procesales

Uno de los puntos centrales planteados por el CPACF es que la propia acordada no establece de manera expresa cuáles serían las consecuencias ante el incumplimiento de esos requisitos formales.

En ese sentido, la entidad advirtió que eventuales observaciones sobre el formato o la forma de presentación no deberían derivar en rechazos automáticos que puedan afectar el acceso a la jurisdicción y la garantía de tutela judicial efectiva.

Desde la colegiatura sostuvieron que existe preocupación por la posibilidad de que exigencias de carácter técnico terminen convirtiéndose en barreras adicionales para quienes buscan acceder a instancias judiciales superiores.

Reclamo por mayor participación institucional

La entidad también puso en discusión el alcance de las facultades del Tribunal para avanzar con regulaciones de este tipo sin una instancia previa de intercambio con la abogacía organizada.

Según señalaron, la participación del sector no constituye una cuestión meramente corporativa sino un elemento relevante dentro del funcionamiento institucional del sistema judicial. En esa línea, recordaron que la Ley 23.187 asigna al Colegio funciones vinculadas con la defensa del ejercicio profesional y la intervención en asuntos de interés jurídico e institucional.

Pese a los cuestionamientos, el CPACF ratificó su disposición a colaborar con el TSJ y ofreció su experiencia técnica para participar en el análisis y eventual perfeccionamiento de las nuevas regulaciones.

 

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