La investigación federal sobre presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo del fiscal federal Jorge Sica, solicitó al Ministerio de Transporte bonaerense un informe exhaustivo sobre el funcionamiento administrativo y financiero del Sistema Único de Administración de Infracciones de Tránsito Provincial (SACIT).
El requerimiento fue realizado en el marco de la causa FSM N°37275/2020, caratulada “CECAITRA AS y Otros s/Infracción Art. 303”, impulsada a partir de una denuncia de PROCELAC y orientada a determinar posibles maniobras irregulares vinculadas al negocio de las fotomultas.
La medida judicial pone nuevamente bajo la lupa a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), organización que ya aparece mencionada en distintos expedientes relacionados con presuntas anomalías en la gestión y recaudación de infracciones viales.
En el oficio firmado el 11 de mayo de 2026, el fiscal Jorge Sica requirió un “informe pormenorizado” sobre la incorporación de municipios bonaerenses al SACIT, sistema previsto por la Ley 13.927 y el Decreto Reglamentario 532/09.
La fiscalía exigió precisiones sobre:
Entre los 45 municipios incluidos en el requerimiento aparecen distritos clave como La Plata, Bahía Blanca, Tigre, La Matanza, Vicente López, San Isidro, Pergamino, Moreno y Campana.

Uno de los aspectos más sensibles del oficio apunta directamente a la trazabilidad de los fondos generados por las infracciones de tránsito.
La fiscalía reclamó información sobre “la totalidad de las transferencias de fondos” realizadas tanto a municipios como a la Universidad Tecnológica Nacional y sus facultades regionales, provenientes de la recaudación del sistema de multas.
El requerimiento incluye montos transferidos, períodos alcanzados, convenios vinculados, cuentas bancarias receptoras e informes del SACIT con el desglose de conceptos y liquidaciones.
Además, el fiscal pidió que toda la documentación sea presentada respetando la “cronología y consecutividad” de las operaciones para poder vincular “con precisión” cada transferencia con el concepto administrativo que la justificó.
La causa federal se desarrolla en un contexto de creciente presión judicial sobre el esquema de las fotomultas bonaerenses.
En los últimos meses avanzaron distintas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la homologación de cinemómetros, convenios entre municipios y universidades, mecanismos de recaudación, distribución de fondos y posibles beneficios económicos derivados del sistema de infracciones.
Dentro de esas investigaciones aparece mencionada CECAITRA, entidad que nuclea a empresas vinculadas al control electrónico de tránsito y que ya fue objeto de allanamientos judiciales.
También quedaron bajo observación distintos convenios firmados durante la gestión del exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio, quien quedó envuelto en la polémica por el sistema de fotomultas.

Otro de los puntos centrales de la investigación judicial está vinculado a la participación de universidades nacionales en los acuerdos de cooperación relacionados con el tránsito y la seguridad vial.
El fiscal Sica solicitó expresamente que se informe si existen otros municipios adheridos al SACIT mediante convenios en los que hayan intervenido la UTN, otras universidades nacionales o la propia CECAITRA.
La Justicia busca reconstruir el entramado administrativo y financiero detrás del sistema de infracciones, incluyendo el eventual rol de organismos públicos, instituciones académicas y empresas privadas en la administración y distribución de recursos provenientes de las multas.