La interna libertaria sigue con enfretamientos explosivos después de que la diputada Marcela Pagano denunciara penalmente al presidente Javier Milei por supuesto “encubrimiento” de delitos, tras declaraciones realizadas por el mandatario en una entrevista televisiva.
Según la presentación judicial, Pagano sostiene que Milei incumplió su deber de funcionario público al no denunciar hechos que él mismo habría relatado públicamente durante el reportaje.

Uno de los puntos señalados por la legisladora refiere a una frase del Presidente sobre un supuesto intento de “golpe de Estado” contra su Gobierno tras la victoria electoral de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. Pagano consideró que esas declaraciones podrían encuadrarse dentro de delitos de acción pública que debían ser denunciados formalmente.
Además, la diputada incorporó referencias a un presunto intento de coima mencionado por Milei durante la entrevista y sostuvo que el jefe de Estado omitió avanzar judicialmente pese a tratarse, según planteó, de hechos de gravedad institucional.
La avanzada judicial volvió a exponer una interna que ya dejó de ser únicamente política y comenzó a trasladarse de lleno al terreno judicial, golpeando a figuras centrales del oficialismo.
En los últimos días, Pagano también denunció penalmente a Karina Milei por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación estatal de Andrea Juárez, señalada como asistente personal y persona de extrema confianza de la secretaria General de la Presidencia.
La legisladora cuestionó que Juárez habría tenido escasa presencia física en Casa Rosada pese a contar con un contrato financiado con fondos públicos y denunció posibles privilegios dentro de la estructura oficialista.
“¿Qué cosas personales de Karina estamos pagando los contribuyentes?”, lanzó públicamente Pagano, en una frase que generó fuerte incomodidad dentro del Gobierno.

La ofensiva de la diputada exlibertaria también impactó de lleno sobre Manuel Adorni y su hermano Francisco, ambos alcanzados por investigaciones judiciales vinculadas a presuntas inconsistencias patrimoniales, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros sospechosos.
En el caso de Francisco Adorni, el fiscal Guillermo Marijuan avanzó con una imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, enfocándose especialmente en la cancelación acelerada de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones y en un fuerte crecimiento patrimonial registrado en apenas un año.
Mientras tanto, la oposición busca avanzar en Diputados con nuevos pedidos de interpelación y censura contra Manuel Adorni, aunque el oficialismo ya comenzó a desplegar maniobras parlamentarias para bloquear esas iniciativas y evitar una escalada política todavía mayor.
