Milei recortó fondos y dejó en pausa rutas, agua potable y saneamiento

El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo recorte de partidas destinadas a obras públicas en provincias que acompañaron al oficialismo en votaciones clave del Congreso. La decisión administrativa 20/2026, firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo, afectó proyectos de infraestructura en Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe, Río Negro y Catamarca.

La medida golpeó especialmente a obras de saneamiento, agua potable y rutas que habían sido incluidas dentro de los acuerdos políticos construidos durante el tratamiento del Presupuesto y la reforma laboral. Entre los proyectos alcanzados aparecen el Acueducto Vipos en Tucumán, obras de agua potable en Concordia y la planta depuradora de Rafaela.

El ajuste también alcanzó partidas vinculadas a rutas nacionales y obras de infraestructura básica que varias provincias consideraban estratégicas para sostener actividad económica y servicios esenciales. La poda presupuestaria quedó formalizada en anexos oficiales que acompañaron la decisión administrativa publicada por el Ejecutivo.

Las provincias evitaron confrontar pese al incumplimiento de Nación

Pese al impacto del recorte, los gobernadores evitaron escalar el conflicto con la Casa Rosada. Algunos mandatarios incluso buscaron relativizar la decisión del Ejecutivo nacional, mientras otros optaron directamente por el silencio. En el entorno de varios gobernadores aliados sostienen que Nación ya había otorgado beneficios previos mediante compensaciones de deuda y acuerdos financieros.

La situación volvió a dejar expuesta la fragilidad del vínculo político entre el oficialismo libertario y las provincias que acompañan las iniciativas de La Libertad Avanza en el Congreso. El ajuste también reavivó cuestionamientos internos sobre el alcance real de los compromisos asumidos por Nación durante las negociaciones legislativas.

En paralelo, el recorte profundiza el debate sobre el freno de la obra pública y el impacto del ajuste fiscal en las provincias. Mientras el Gobierno defiende el equilibrio de las cuentas públicas como prioridad absoluta, gobernadores y sectores productivos comienzan a advertir por el deterioro de proyectos estratégicos vinculados a infraestructura básica y desarrollo regional.