El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
El planteo forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el perjuicio económico al Estado fijado por la Justicia en más de $685.000 millones.

Según el dictamen presentado ante el TOF 2, el inmueble integra el listado de bienes que estarían vinculados al entramado patrimonial investigado en la causa por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz.
Además del departamento donde permanece detenida la exmandataria, el fiscal incluyó en el pedido un total de 141 inmuebles, automotores y activos financieros asociados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

Entre los bienes alcanzados aparecen el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén, propiedades en Río Gallegos y fondos depositados en cuentas bancarias y cajas de seguridad, incluida una cuenta atribuida a Florencia Kirchner.
Luciani sostuvo que los condenados “no depositaron ni un solo peso” del monto fijado por la Justicia y remarcó que la ejecución patrimonial busca avanzar sobre bienes presuntamente obtenidos a través de las maniobras investigadas en la causa.
El pedido quedó ahora bajo análisis del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes deberán definir si incorporan los nuevos activos al decomiso.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa presentando recursos judiciales para intentar frenar la ejecución patrimonial y evitar el avance sobre parte de los bienes incluidos por la fiscalía.