Reforma en discusión
16/05/2026 - Edición Nº1194
Política
Debate abierto
MALBA, Palermo y la Corte Suprema: el caso que reavivó Salud Mental
16/05/2026 | El fallo reavivó la discusión sobre internaciones involuntarias y salud mental.
El inspector Juan Pablo Roldán (PFA) fue asesinado por un paciente psiquiátrico en septiembre de 2020.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la absolución del psiquiatra Jorge Monforte, juzgado por la muerte del inspector de la Policía Federal Argentina, Juan Pablo Roldán, asesinado el 28 de septiembre de 2020 durante un brote psicótico protagonizado por su paciente Rodrigo Facundo Roza, en las inmediaciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, en el barrio porteño de Palermo.
La decisión del máximo tribunal volvió a poner en el centro del debate los alcances de la Ley Nacional de Salud Mental y las dificultades que enfrenta el sistema para intervenir en casos de pacientes con cuadros severos. El fallo fue firmado por Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Jorge Morán, quienes rechazaron los recursos presentados contra la absolución. En disidencia votaron Horacio Rosatti y la conjueza Carolina Robiglio.
La ley vigente y las críticas que volvió a exponer el caso
Durante el juicio oral -que tuvo lugar en 2023- la fiscalía y la querella sostuvieron que el psiquiatra había sido advertido por la familia sobre el deterioro del paciente en los días previos al ataque. Según el expediente, Roza había abandonado la medicación y presentaba delirios persecutorios.Sin embargo, el profesional de la salud fue absuelto. En esa oportunidad, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 28, que consideró que el hombre no podía prever ni evitar el accionar violento del paciente durante el brote psicótico.
La discusión judicial derivó rápidamente en un debate bastante más amplio, sobre la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 .Sancionada en 2010, la norma estableció un criterio restrictivo para decidir sobre la internación involuntaria -convirtiéndola casi en una excepción- y promovió un abordaje interdisciplinario de los tratamientos.
Desde un sector de la psiquiatría —junto a familiares de pacientes— se viene cuestionando desde hace años las dificultades para disponer internaciones rápidas en situaciones críticas. Del otro lado, organismos de derechos humanos y especialistas en salud mental advierten sobre el riesgo de retroceder hacia esquemas de institucionalización abusivos.
Un debate político que sigue abierto
En su momento, el caso instaló en la opinión pùblica una discusión: hasta dónde puede intervenir el Estado frente a pacientes con padecimientos mentales graves cuando existe riesgo para terceros o para sí mismos. Con esta tragedia haciendo las veces de disparador, distintos sectores impulsaron reformas para agilizar mecanismos de internación y ampliar facultades médicas en situaciones de emergencia.
Sin embargo, toda modificación a la ley debe discutirse en el ámbito legislativo, lo cual de por sí genera fuertes resistencias y divisiones dentro del ámbito sanitario y de derechos humanos. Sin perjuicio de ello, el fallo de la CSJN desnudó una pregunta incómoda: cómo equilibrar garantías individuales, seguridad pública y capacidad de respuesta estatal ante crisis psiquiátricas graves.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental -impulsado por el gobierno- propone modificar aspectos centrales del régimen vigente desde 2010, especialmente en materia de internaciones involuntarias y criterios de riesgo. La iniciativa busca otorgar mayor margen de acción a médicos, jueces y fuerzas de seguridad frente a pacientes considerados potencialmente peligrosos para sí mismos o terceros. El debate ya se trasladó al Congreso, donde el Poder Ejecutivo presentó formalmente la iniciativa ante el Senado para su discusión legislativa.
