La tensión con gobernadores abre una pelea por recursos y obra pública

La caída de la recaudación nacional durante nueve meses consecutivos empujó a Luis Caputo a profundizar el ajuste para sostener el superávit. Ese movimiento golpeó de lleno la relación financiera con las provincias y empezó a complicar la tarea de Diego Santilli, que en el Gobierno venía funcionando como puente con gobernadores aliados y dialoguistas. En la Casa Rosada admiten que el recorte sobre transferencias y obras abrió una nueva etapa en esa negociación: los acuerdos siguen en pie, pero el margen para sostenerlos con recursos se achicó.

Las obras que quedaron bajo la tijera

El recorte pegó sobre partidas sensibles para el vínculo con las provincias. La Dirección Nacional de Vialidad perdió $97.104 millones; Infraestructura Hidráulica, $27.931 millones; Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, $25.000 millones; y también hubo bajas en programas de infraestructura social y obra pública. Ese ajuste tuvo consecuencias territoriales concretas: Entre Ríos sufrió una quita de $4.713 millones para el sistema de agua potable en Concordia; Chubut, de $4.121 millones para el acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia; y Catamarca perdió parte de los fondos destinados a la ruta nacional 38. Santilli intentó contener a esos mandatarios y les prometió que el recorte podría compensarse con otras fuentes, pero la señal de Economía fue clara: la prioridad sigue siendo la caja nacional.

Los adelantos de coparticipación y la nueva dependencia

En abril, el Gobierno abrió otra ventanilla para administrar la tensión: el Decreto 219 habilitó adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias. El esquema incluyó a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La ayuda quedó atada a la aprobación de Economía, al cronograma que defina Hacienda y a devoluciones automáticas con una tasa fija anual del 15%. En la práctica, la medida alivió urgencias financieras y al mismo tiempo reforzó el poder de Caputo para ordenar la negociación provincia por provincia. Las jurisdicciones excluidas —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad— quedaron afuera del esquema.

Los gobernadores esperan, pero toman nota

En el oficialismo creen que varios mandatarios van a dejar pasar unas semanas antes de endurecer el tono. Cuatro gobernadores consultados por el entorno de Santilli deslizaron que mirarán primero dos variables: cómo evoluciona la crisis política alrededor de Adorni y qué muestra la actividad económica en este tramo del año. La expectativa en ese grupo es llegar al Mundial con una tregua frágil y volver a medir el clima después. Ese compás de espera no borra el problema. Lo posterga. La pérdida de financiamiento para obras y la caída real de recursos coparticipables empezaron a tensionar un acuerdo que hasta hace poco se apoyaba en la combinación entre diálogo político y administración de fondos.

Santilli y el límite del oficialismo ampliado

El caso deja una foto bastante nítida del momento. Santilli conserva interlocución, sigue siendo un operador útil y mantiene llegada a gobernadores que el mileísmo necesita para sostener volumen legislativo y territorial. Caputo, en cambio, tiene la caja y con ella fija el ritmo real de la negociación. Cuando la recaudación cae y la obra pública se recorta, la política de alianzas se vuelve más costosa. El oficialismo ampliado funciona mientras haya algo para administrar. Cuando los recursos escasean, cada acuerdo empieza a mostrar su precio verdadero.

Lo que viene

La tensión con las provincias abre una pregunta más amplia para el Gobierno. Milei necesita a los gobernadores para la reforma electoral, para futuras leyes económicas y para mantener una gobernabilidad razonable en un contexto de desgaste. Caputo necesita seguir ajustando para blindar el superávit. Entre esas dos necesidades se juega una parte importante de la etapa que viene. El problema ya está a la vista: cuanto más se endurece la lógica fiscal, más difícil se vuelve sostener la política de acuerdos que armó Santilli.