Financiamiento Externo
09/06/2026 - Edición Nº1218
Política
Senado
Rutas nacionales: cómo es el proyecto de LLA para ordenar 57 obras inconclusas
18/05/2026 | La propuesta fue presentada por Enzo Fullone en el Senado y lleva la firma de Patricia Bullrich. A qué obras apunta y cuál es el objetivo.
La iniciativa lleva la firma de varios senadores del bloque de La Libertad Avanza.
Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para crear un “Régimen excepcional para la regularización de la obra pública”, una iniciativa orientada a ordenar, cerrar o rescindir contratos de obras nacionales que permanecen paralizados desde hace años o que nunca completaron su cierre administrativo definitivo.
La propuesta fue presentada por el senador rionegrino Enzo Fullone y lleva además las firmas de Mario Cervi, Gonzalo Guzmán Coraita, Romina Diez, Patricia Bullrich, Bertie Benegas Lynch, María Celeste Ponce y Juan Carlos Godoy.
La iniciativa se inscribe en un contexto de crecientes reclamos de gobernadores provinciales por el abandono de obras nacionales y el deterioro de rutas bajo jurisdicción federal.
Al mismo tiempo, coincide con la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir la participación directa del Estado nacional en infraestructura y avanzar hacia esquemas de concesión y licitación privada de corredores viales.
Qué busca el proyecto
El texto propone un régimen excepcional destinado a evaluar y regularizar contratos de obra pública nacional que presenten “inactividad prestacional prolongada”, estén paralizados de hecho o de manera formal, o cuyos plazos hayan vencido sin recepción definitiva.
Según el artículo 1, el objetivo es “sanear la situación contractual, mitigar riesgos para la seguridad vial, eliminar pasivos contingentes y optimizar la gestión de la infraestructura y el patrimonio público”. El alcance abarcaría especialmente a obras paralizadas durante tres años o más.
La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a revisar esos contratos en el marco de la Ley de Obras Públicas y adoptar mecanismos para su regularización, cierre o rescisión consensuada.
Enzo Fullone, autor de la iniciativa
Obras paralizadas y contratos abiertos
Uno de los puntos centrales del proyecto es que no solo apunta a las obras inconclusas visibles en distintos puntos del país, sino también a una situación administrativa menos conocida: contratos que continúan abiertos formalmente aunque las obras estén terminadas, abandonadas o neutralizadas desde hace años.
En los fundamentos, Fullone sostiene que durante su paso por la jefatura del Distrito 20 de la Dirección Nacional de Vialidad en Río Negro detectó un “sistema bloqueado”, con expedientes que nunca alcanzaron la recepción definitiva y quedaron atrapados entre exigencias técnicas, falta de documentación, problemas presupuestarios y ausencia de controles finales.
El senador explica que muchas obras no pudieron cerrar sus procesos administrativos por la imposibilidad de realizar inspecciones, mediciones técnicas o verificaciones posteriores debido a restricciones presupuestarias y dificultades operativas acumuladas durante años.
Según el texto, esta situación genera riesgos de judicialización, pasivos administrativos y problemas para la gestión del patrimonio estatal.
Qué herramientas prevé la ley
El proyecto establece distintas herramientas de negociación y regularización entre el Estado y las empresas contratistas.
Entre las facultades previstas para la autoridad de aplicación aparecen:
- rescindir contratos de mutuo acuerdo;
- condonar multas o penalidades vinculadas al período de paralización;
- liberar garantías y pólizas de caución;
- reconocer determinados gastos de mantenimiento o vigilancia mediante acuerdos finales de cierre.
A cambio, las empresas deberían renunciar a reclamos por lucro cesante sobre las partes no ejecutadas de la obra y aceptar cláusulas de cierre definitivo que impidan futuras demandas administrativas o judiciales derivadas de la paralización.
La propuesta también contempla la posibilidad de que el Estado redefina proyectos o avance con otras modalidades de contratación sobre las obras inconclusas.
El trasfondo político y vial
La discusión aparece en medio de fuertes cuestionamientos de varias provincias por el estado de las rutas nacionales y por la decisión del Gobierno nacional de frenar gran parte de la obra pública tradicional.
En los últimos meses, distintos gobernadores plantearon reclamos por obras viales detenidas, mantenimiento insuficiente y demoras en proyectos considerados estratégicos para la conectividad regional.
En paralelo, la administración nacional viene impulsando un esquema de participación privada para corredores viales y analiza nuevas licitaciones bajo modelos de concesión.
En los fundamentos del proyecto, Fullone menciona especialmente la situación de Río Negro y asegura que existen al menos 57 obras públicas neutralizadas en todo el país. Entre los ejemplos, cita tramos de las rutas nacionales 22, 23 y 151, donde existen trabajos inconclusos iniciados entre 2009 y 2021.
“El problema afecta a todas las provincias y regiones del país”, sostiene el legislador, quien argumenta que la iniciativa busca “ordenar el sistema, cerrar una etapa inconclusa y avanzar hacia una red vial más segura y eficiente”.
