“Tranqui que ni aparecés en el informe”: condenaron a un prefecto por filtrar datos a un narco

Un mensaje hallado en el celular de un hombre investigado por narcotráfico terminó siendo una de las pruebas centrales para condenar a un integrante de la Prefectura Naval Argentina acusado de filtrar información sensible sobre causas federales en trámite.

“Te encontré en dos celulares igual tranqui que ni apareces en el informe”, escribió el prefecto Sebastián Moreno en una conversación incorporada al juicio y que, para la fiscalía, funcionó como una “garantía de impunidad” hacia Héctor Leonardo Diez, un hombre vinculado al comercio de estupefacientes en Bahía Blanca.

Con ese y otros elementos, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Moreno, de 43 años, a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado.

Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís consideraron acreditado que el imputado, quien se desempeñaba como ayudante de segunda en la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina en Bahía Blanca, utilizó su acceso a investigaciones complejas para aportar información reservada a Diez entre septiembre de 2019 y marzo de 2021.

Según el fallo, el agravante se configuró porque el hecho precedente estaba vinculado a la comercialización de estupefacientes y porque Moreno era integrante de una fuerza de seguridad.

Durante el juicio, el fiscal general Gabriel González Da Silva sostuvo que el prefecto “garantizó seguridad e impunidad” al sospechoso al transmitirle datos sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y avances de causas federales relacionadas con el narcotráfico.

La fiscalía también remarcó que el hecho de que Diez no hubiera sido condenado —debido a su fallecimiento en mayo de 2024— no impedía configurar el delito de encubrimiento.

De acuerdo con la acusación, Moreno sabía que Diez comercializaba drogas y aun así “no solo omitió denunciarlo, sino que además le brindó apoyo estratégico para que continuara desarrollando esa actividad con tranquilidad”.

La investigación se originó a partir de un allanamiento realizado el 17 de junio de 2022 en el domicilio de Diez, en el marco de una causa provincial por violencia de género y abuso sexual. Durante ese procedimiento se secuestró un teléfono celular cuyo análisis permitió recuperar las conversaciones que comprometían al prefecto.

Según describió González Da Silva durante su alegato, esos mensajes demostraron que Moreno aportaba “información sensible y reservada” sobre expedientes federales en los que él mismo intervenía.

Uno de los episodios reconstruidos durante el debate oral mostró que el prefecto incluso le informó a Diez sobre la detención de Fabián Accarino, señalado como proveedor de drogas, y le envió fotografías del procedimiento. Al día siguiente también le indicó dónde estaba alojado el detenido y le sugirió otros posibles vendedores a quienes recurrir.

Para el Ministerio Público Fiscal, la conversación del 13 de febrero de 2020 fue especialmente reveladora. “El mensaje fue tranquilizarlo y asegurarle que no iba a quedar involucrado en la investigación”, sostuvo el fiscal, quien agregó que la conducta del imputado “lesionó gravemente la administración de justicia”.

En su exposición, González Da Silva también destacó que Moreno había firmado compromisos formales de confidencialidad dentro de la Prefectura y que, por su función, tenía la obligación legal de preservar la reserva de las investigaciones y promover la persecución penal de los delitos que conociera.

"Eran bromas"

Durante el juicio, el prefecto negó las acusaciones y afirmó que nunca brindó información confidencial ni sabía que Diez vendía drogas. También aseguró que muchas conversaciones eran “bromas” o comentarios basados en noticias periodísticas.

Sin embargo, la fiscalía rechazó esa explicación y sostuvo que los mensajes exhibían “un vínculo funcional y de confianza” entre ambos. “Moreno no obtenía información de Diez; era él quien constantemente le aportaba datos y le confirmaba detalles de investigaciones en curso”, concluyó González Da Silva.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso a Moreno una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. No obstante, rechazó el pedido de la fiscalía para revocar la prisión domiciliaria y trasladarlo a una unidad penitenciaria, una decisión que el Ministerio Público Fiscal analiza recurrir.