El Juzgado Penal Económico N°5 autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 para viajar a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, en el marco de una causa judicial en la que se encuentra imputado.
La decisión fue firmada por el juez Diego Alejandro Amarante, que condicionó el permiso a una serie de requisitos estrictos, entre ellos el depósito de una caución real de 30 millones de pesos y el compromiso formal de regresar al país dentro de los plazos establecidos.
El fallo habilita a Tapia —identificado en el expediente con las iniciales C.F.T.— a ausentarse del país desde el 27 de mayo hasta el 21 de julio inclusive.
Según consta en la resolución, el itinerario incluye primero un viaje a Hungría y luego escalas en Estados Unidos, México y Canadá.
La autorización judicial se produce en un contexto vinculado a la agenda internacional del fútbol y particularmente a las actividades relacionadas con el Mundial y otros compromisos institucionales de la AFA y la FIFA.
El tribunal sostuvo que el permiso puede concederse siempre y cuando el dirigente mantenga garantías suficientes de sujeción al proceso judicial.
Por ese motivo, la resolución establece que Tapia deberá mantener afectada una suma de 30 millones de pesos en concepto de caución real.
Además, la Justicia ordenó que el dirigente firme un acta compromisoria en la que acepte formalmente todas las condiciones impuestas por el tribunal.
En el fallo, el juzgado remarcó que cualquier modificación del recorrido, de las fechas autorizadas o de los destinos previstos será considerada una violación a las obligaciones procesales asumidas por el imputado.
“Es del caso remarcar que el imputado compareció a los estrados de este tribunal a prestar declaración indagatoria -tanto a título personal como representante de la A.F.A.- y que, con fecha 30 de marzo de 2026, se decretó respecto del nombrado el procesamiento -sin prisión preventiva- y se dispuso el embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de trescientos cincuenta millones de pesos ($ 350.000.000), lo que permite evaluar el presente pedido desde la perspectiva de una mayor sujeción del imputado al proceso”, se destaca en la resolución.

La resolución también advierte que, si Tapia incumple las condiciones fijadas, el beneficio será revocado de inmediato.
El tribunal dejó asentado que ante cualquier desvío o incumplimiento se ejecutará automáticamente la caución económica depositada y podrían aplicarse otras medidas procesales.
Incluso, el fallo menciona la posibilidad de declarar al dirigente “rebelde” y ordenar su captura si no acredita correctamente su regreso al país.
Otro de los puntos centrales de la resolución establece que Tapia deberá informar formalmente su regreso a la Argentina dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.
Para ello tendrá dos opciones: presentar un escrito mediante el sistema judicial Lex 100 adjuntando el comprobante migratorio de ingreso al país; o comparecer personalmente ante el tribunal para dejar constancia formal del regreso.
La medida busca garantizar que el presidente de la AFA continúe sometido al proceso judicial mientras desarrolla sus actividades internacionales.

Tapia está procesado desde marzo de este año en una causa que investiga una deuda de $19.300 millones por tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término.
El expediente también involucra a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.
En este tipo de causas, la Justicia suele evaluar riesgo procesal, posibilidades de fuga y grado de colaboración del imputado antes de conceder permisos de viaje al exterior.
En este caso, el juzgado entendió que las garantías económicas y las condiciones impuestas resultan suficientes para permitir la salida internacional del dirigente deportivo.
La resolución refleja además un criterio de control estricto sobre los movimientos del titular de la AFA durante el período autorizado.
El tribunal insistió en que el viaje sólo podrá concretarse bajo las fechas y destinos previamente informados y que cualquier alteración deberá ser considerada una infracción directa a los compromisos asumidos ante la Justicia.