La firma de un acta de compromiso entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cerró un capítulo de fuertes tironeos por los recursos de la Coparticipación Federal. El entendimiento regulariza el flujo de fondos hacia el distrito capitalino mediante la entrega de papeles financieros.
Detrás de la resolución técnica y de las firmas que destrabaron una masa de recursos postergados, asoma una intrincada ingeniería de negociaciones parlamentarias y electorales. Los bloques del PRO y de La Libertad Avanza tejieron una red de acuerdos cruzados que condiciona la gobernabilidad en ambas jurisdicciones.
El acuerdo sella un intercambio de favores políticos donde la Casa Rosada destraba los fondos retenidos a la Ciudad a cambio del respaldo legislativo estratégico del PRO en el Congreso nacional y el apoyo recíproco de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.
El ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri sellaron el acuerdo definitivo para cancelar la deuda coparticipable acumulada. La compensación se instrumentó mediante la transferencia de una cartera de bonos en pesos a corto plazo, con un vencimiento pautado a siete meses, que totaliza un monto de 800.000 millones de pesos. Del encuentro participaron funcionarios clave como Carlos Guberman, Valeria Sánchez, Gustavo Arengo y Gabriel Sánchez Zinny.
Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año.
— Jorge Macri (@jorgemacri) May 18, 2026
Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación,… pic.twitter.com/ml90wTwFIh
Tras estampar la firma, Jorge Macri expresó en sus canales oficiales: "Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta". Asimismo, el jefe de Gobierno aclaró que el texto "no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández", calculada en unos 6.000 millones de dólares.
Desde el oficialismo nacional, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, ponderó la figura presidencial al afirmar: "Ningún presidente, ni siquiera los que fueron jefes de Gobierno, hicieron tanto por la Ciudad como Javier Milei". La legisladora sumó su agradecimiento a Caputo y concluyó: "Gracias por devolverle a los porteños lo que el kirchnerismo les robó".
La normalización de las cuentas públicas convivió con una disputa subterránea por el control político de CABA de cara a los próximos turnos electorales. Jorge Macri cruzó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sugirió que una postulación de Mauricio Macri beneficiaría a la oposición. El jefe de Gobierno porteño replicó: "No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién".

En sintonía, el diputado Cristian Ritondo defendió al expresidente manifestando que "demostró como nadie que pone al país por encima de las ambiciones personales". El legislador envió un mensaje directo a la Casa Rosada al advertir que "tiene que ser un ida y vuelta las relaciones, no solamente pedirle al otro", ponderando el respaldo parlamentario brindado por su espacio.
La grilla de largada para la Jefatura de Gobierno porteño sufrió alteraciones debido a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que enredaron al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien lideró la lista legislativa el año pasado. Ante este repliegue, la senadora Patricia Bullrich sumó centralidad e instaló críticas indirectas a la administración local al elogiar públicamente el sistema de subterráneos de Chile, abriendo un foco de recelo en el armado amarillo porteño.
El entendimiento alcanzado por los fondos de la coparticipación se hamacó sobre los consensos tejidos la semana pasada en el Parlamento de la Ciudad. El jefe de Gobierno sorteó su debilidad numérica en las bancadas gracias al auxilio directo de los legisladores de La Libertad Avanza. El bloque violeta optó por abstenerse en la votación, facilitando la aprobación de una ampliación presupuestaria de 2,6 billones de pesos para el año en curso.

La bancada conducida por Pilar Ramírez habilitó las nuevas partidas destinadas a la gestión local tras negociar condiciones específicas con el Ejecutivo de la Ciudad. El acuerdo parlamentario incluyó el compromiso de actualizar los valores de facturación del impuesto a los Ingresos Brutos, estableciendo un esquema de topes que se ubicó por debajo de los índices de inflación proyectados por la autoridad nacional.
La dinámica del intercambio de gestos políticos registró un antecedente inmediato a principios de este año. En el mes de febrero, el Poder Ejecutivo nacional destrabó un pago de 190.000 millones de pesos a favor de las arcas de la Ciudad de Buenos Aires mediante el dictado de una decisión administrativa. El desembolso operó como un elemento de distensión en medio de las complejas conversaciones por la agenda parlamentaria nacional.

Pocos días después de concretarse ese flujo de recursos, el bloque del PRO aportó sus votos clave en el Congreso de la Nación para sancionar la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada. La ingeniería de esa reforma jurídica contó con el protagonismo central del ministro del Interior, Diego Santilli, quien articuló los consensos necesarios dentro de la escudería amarilla para dar luz verde a la iniciativa libertaria.
La acumulación del pasivo de 800.000 millones de pesos comenzó en julio del año pasado, cuando el Ministerio de Economía de la Nación ralentizó de forma gradual los envíos semanales del coeficiente adicional. La decisión de retener esos recursos respondió a la necesidad del tándem Milei-Caputo de consolidar el superávit financiero nacional, redireccionando fondos hacia gobernadores opositores dialoguistas para blindar proyectos de ley, bajo la premisa de que el PRO mantendría su apoyo estructural.
Ante las persistentes demoras, Jorge Macri visitó las oficinas de Caputo en diciembre pasado, cuando la deuda ascendía a 350.000 millones de pesos. En ese período, el mandatario capitalino amenazó públicamente con reactivar los reclamos ante los tribunales: "La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tratar de no llegar a un conflicto profundo".
La tensión de esos meses arrastraba el malestar de la Casa Rosada por la decisión previa de la Ciudad de desdoblar los comicios locales y por la contratación del asesor catalán Antoni González Rubí, vinculado a Sergio Massa. Las relaciones políticas comenzaron a fluir nuevamente tras el acuerdo electoral sellado en octubre, lo que permitió encauzar las mesas técnicas y evitar la ruptura del diálogo entre el Palacio de Hacienda y el edificio de la calle Uspallata.
En de septiembre de 2024, ambas administraciones suscribieron un acuerdo inicial bajo supervisión judicial para dar cumplimiento efectivo a las demandas presupuestarias del distrito porteño. En ese convenio se estableció que la distribución del porcentaje total fijado para la Ciudad se ejecutaría combinando un 1,40% mediante el goteo automático diario de coparticipación y un 1,55% complementario a liquidarse de manera periódica.

Aunque el dictamen del máximo tribunal estipulaba que el porcentaje adicional debía transferirse de forma diaria a través del Banco Nación, las autoridades de la Ciudad aceptaron una flexibilización técnica solicitada por el Gobierno de Javier Milei. La gestión de Jorge Macri convalidó que los giros del 1,55% se realizaran semanalmente desde el Tesoro nacional, otorgando al Palacio de Hacienda una mayor holgura para administrar los tiempos de su caja.
La disputa institucional sumó un hito central a fines del año 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar que ordenó recomponer los recursos coparticipables asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo del máximo tribunal de justicia reconoció el derecho del distrito a percibir el coeficiente del 1,55% para garantizar el financiamiento de sus competencias autonómicas.

La resolución judicial estableció que la suma de ese porcentaje complementario al 1,40% básico que la Ciudad ya percibía de manera automática fijaba el coeficiente definitivo de coparticipación en un 2,95%. Sin embargo, la administración nacional del Frente de Todos rechazó la validez del dictamen y omitió de forma deliberada la transferencia de los recursos ordinarios hasta el cierre de su período gubernamental.
El conflicto original por la quita de fondos públicos comenzó en septiembre de 2020, en medio de la crisis sanitaria global. El expresidente Alberto Fernández recortó la participación porteña del 3,5% al 2,32% mediante el Decreto 735/2020, con el objetivo explícito de redireccionar recursos a la provincia de Buenos Aires para contener una protesta salarial de las fuerzas de la policía bonaerense.
🎙️“El punto en exceso que CABA recibía de coparticipación por el traspaso de la PFA, vamos a transferirlo al Fondo de Fortalecimiento para la provincia. De todas maneras les aseguramos que CABA seguirá recibiendo los recursos necesarios”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/ZQjaTXBOPW
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020
Poco tiempo después, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más el coeficiente de la Ciudad al fijarlo en el 1,40% básico, complementado con un monto de asignación fija anual destinado al área de Seguridad bonaerense. Esta quita de recursos motivó la presentación judicial de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y consolidó la deuda histórica de 6.000 millones de dólares que el gobierno porteño mantiene bajo reclamo autónomo.
El punto de partida del esquema de distribución de recursos federales se remonta al año 2016. Al inicio de su mandato presidencial, Mauricio Macri dispuso elevar el coeficiente de coparticipación de CABA, incrementando el porcentaje asignado desde el 1,40% histórico hasta un piso del 3,7%.

La justificación política e institucional de aquella medida se fundamentó en el traspaso de la estructura de la Policía Federal Argentina a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La transferencia del servicio público de seguridad pública exigió la reasignación de las partidas presupuestarias necesarias para financiar el funcionamiento operativo de las comisarías y el personal desplegado en el territorio capitalino.
TM