Las Fuerzas Armadas enfrentan una de las crisis institucionales y operativas más agudas de los últimos tiempos, combinando denuncias de corrupción millonaria en la compra de equipamiento con un drástico ajuste presupuestario que compromete el funcionamiento diario de las unidades militares. La controversia escaló hasta las máximas esferas de la Casa Rosada tras la filtración de documentos sobre adquisiciones de material aéreo.
La revelación de supuestos sobreprecios y maniobras de cartelización empresarial forzó pronunciamientos cruzados entre los altos mandos castrenses, exfuncionarios del área de Defensa y la cúpula del Poder Ejecutivo. El debate expone profundas grietas políticas en el oficialismo respecto de la transparencia administrativa y el destino de los fondos públicos asignados a la seguridad nacional.
El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde, defendió de forma interna la legalidad de la compra del avión Embraer por 4,085 millones de dólares, sosteniendo ante un foro de brigadieres que el proceso resultó totalmente transparente y que cumplió con el pliego licitatorio, una postura corporativa que busca contrarrestar las denuncias de desvíos de fondos que motivaron la dura reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En el mediodía de este lunes, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde, rompió el silencio corporativo a través de un mensaje enviado a un foro de brigadieres presidido por el brigadier retirado Fernando Roca. El oficial superior, quien se encontraba en los Estados Unidos, buscó desestimar las sospechas de corrupción aleando que "los procesos de la adquisición fueron totalmente transparentes" y que la institución "brindará toda la información necesaria para aclarar la transparencia de la operación".

La comunicación interna de los brigadieres afirmó que "el señor ministro de Defensa está al tanto del tema y sabe claramente que lo publicado no es cierto", en referencia a la investigación sobre el Embraer. Mientras se difundía este descargo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaba una reunión de emergencia con su equipo en el Edificio Libertador para evaluar el impacto de las filtraciones, mientras el Equipo de Comunicación Institucional de la Fuerza Aérea aclaraba que ningún texto por fuera de sus canales oficiales posee carácter institucional.
Los docentes de las Fuerzas Armadas denunciaron este lunes una situación salarial crítica, con ingresos que rondan los 570.000 pesos para maestros de grado y menos de 550.000 pesos para preceptores de nivel medio. Los más de 4.000 profesionales civiles distribuidos en instituciones como el Instituto Dámaso Centeno, el Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y los Liceos Militares perciben la mitad que sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La brecha se profundizó tras la implementación de un bono de 150.000 pesos en septiembre de 2025 que excluyó al 60% del personal, vulnerando el Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas y los pisos mínimos de miseria. Los salarios se ubican por debajo del sueldo mínimo nacional docente fijado por el Consejo Federal de Educación, establecidos en 650.000 pesos para abril de 2026 y 700.000 pesos para mayo de 2026, lo que generó renuncias permanentes y migración de profesionales desde fines de 2024.
La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del unibloque Coherencia, formalizó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el exministro de Defensa Luis Petri, extendiendo la acusación a militares y funcionarios por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y direccionamiento de la licitación. Pagano solicitó el secuestro de pasaportes de los involucrados, allanamientos simultáneos en las dependencias de la Fuerza Aérea y la suspensión de dos pagos pendientes de 1.142.500 dólares cada uno a la firma Regional One Inc.
Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa.…
— Luis Petri (@luispetri) May 17, 2026
Por su parte, Petri ensayó su defensa en la red social X aclarando su rol institucional: "Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como ministro de Defensa". El actual diputado nacional precisó que su cartera requirió las explicaciones pertinentes, reunió los informes técnicos y puso todo el material probatorio a disposición de la fiscalía federal de Eduardo Taiano.
Las derivaciones políticas del caso registraron un fuerte impacto tras la intervención de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien el domingo lanzó una incendiaria crítica en sus redes sociales. Villarruel calificó el escenario como "gravísimo" y sentenció que "varios años atrás, por mucho menos, renunciaban todos los implicados". La titular del Senado cruzó a los mandos aeronáuticos manifestando: "Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?".
Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. A quien responden estos uniformados?
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 17, 2026
La vicepresidenta, consustanciada con la agenda de la familia militar, ya arrastraba duros cruces con la gestión previa de Defensa. Días atrás, acusó a Petri de haber realizado un "paso fraudulento" por la cartera ministerial que derivó en la caída real del salario del personal militar y la paralización de las prestaciones de la obra social del sector, agudizando las tensiones internas en el Poder Ejecutivo.
La controversia sumó ribetes complejos con la filtración de casi 30 gigabytes de información recopilada durante tres años, que incluye audios y registros telefónicos de una supuesta red de retornos montada en las oficinas de la aeronáutica presidencial. En las escuchas, el lobbista y empleado del ministerio de Justicia, Claudio Rubén Cavina, intentó reclutar a un funcionario técnico ofreciendo el "know how" y asegurando que las terminales operaban en sintonía con el jefe de la Casa Militar, general Sebastián Ignacio Ibáñez, y el exjefe de la Agrupación Técnica, Daniel Edgardo Salguero Del Arca.
CORRUPCIÓN EN LA CASA MILITAR: “SI JUGÁS CON LOS AMIGOS, TE VAN A LLEGAR LOS CARAMELOS”
— Clarín (@clarincom) May 18, 2026
Lectura rápida
Audios, documentos, fotos y videos revelan una presunta red de empresarios y funcionarios nacionales para manipular licitaciones y repartirse sobreprecios en compras de… pic.twitter.com/0QeGrAUAe0
Las grabaciones exponen un arreglo del 10% de comisión en los contratos de mantenimiento y repuestos donde se coordinaban los pagos para que "en Casa Militar quedaba una parte a Ibáñez" y asegurar que "te van a venir los caramelos". Las conversaciones mencionan un entramado de "empresas amigas" como Redimec SA —de Fabián Oyarbide—, Masuma Internacional SA —de los hermanos Facundo y Marcos Torres—, Fire Eagle Inc, Pacific Ocean y la sociedad fantasma Aviation Logistic Center, además de salpicar a exfuncionarios como Florencia Gastaldi, Leonardo Barone, Rodrigo Martín, Julián Massolo, Marcelo Bagniole, Fabio Lamas y Gustavo Gastón Rodero.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, sumó presión al poder político durante su discurso por el Día de la Armada brindado este domingo en la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Ante la presencia del ministro Carlos Presti, el jefe del Ejército Oscar Santiago Zarich y el canciller Pablo Quirno —con la notable ausencia del aeronáutico Gustavo Valverde—, Romay advirtió sobre la falta histórica de "conciencia marítima" y los riesgos de la desatención presupuestaria.

El discurso planteó reclamos puntuales para revertir las carencias operativas de la fuerza naval:
El malestar en las fuerzas armadas se profundizó tras la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Germán Cabado. La norma recortó casi 49.000 millones de pesos del presupuesto de Defensa (unos 35 millones de dólares), ubicando el gasto de la función en el 0,28% del PBI. El analista Andrei Serbin Pont detalló que el ajuste redujo 16.500 millones de pesos a la Fuerza Aérea en alistamiento operacional, 12.622 millones al Ejército en maquinarias y transporte, y 15.220 millones a la Armada.
El reordenamiento del colapsado sistema de salud militar registró un nuevo paso administrativo el martes 12 de mayo con la publicación de la Resolución 311/2026. Firmada por el ministro Carlos Presti, la norma oficializó la designación del general de brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La designación se encuadró en los parámetros del DNU 88/26, que exige antecedentes específicos en gestión sanitaria y administración financiera para la conducción del ente autárquico. La estructura del directorio de la entidad médica se completó con la permanencia como miembros titulares de los oficiales retirados Omar Horacio Domínguez, Gustavo Rubén Rivas y Juan Carlos Ruiz Pringles, encargados de administrar las prestaciones de la familia militar.
La designación de Plaza ocurrió tras la renuncia del general de brigada Sergio Maldonado, quien abandonó la presidencia de la OSFA con apenas dos meses de gestión. La salida de Maldonado se precipitó debido a profundas diferencias sobre cómo saldar un pasivo de 200 millones de dólares (cerca de 212.000 millones de pesos) acumulado bajo las pasadas conducciones de Oscar Sagás y Roberto Fiochi durante la gestión de Luis Petri.

El clima de tensión dentro de las fuerzas armadas se agravó tras el trágico suicidio de un suboficial retirado en el interior del país debido a la pérdida de su cobertura médica. El malestar castrense aumentó cuando el Ministerio de Defensa dispuso detraer 80.000 millones de pesos de las contribuciones patronales de los presupuestos ordinarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para empezar a cubrir el rojo financiero heredado, una medida caracterizada por fuentes internas como una excusa para recortar el presupuesto militar más magro de la democracia.
El origen institucional de la OSFA se remonta a comienzos de marzo, cuando el Poder Ejecutivo nacional implementó el Decreto 88/2026 firmado por el presidente Javier Milei. La normativa dispuso el desdoblamiento y disolución del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) con el propósito de escindir las administraciones sanitarias de los uniformados.
La reforma dividió el padrón histórico del organismo de seguridad social bajo los siguientes parámetros:
El motivo técnico de la separación radicó en que las fuerzas militares realizaban históricamente sus aportes únicamente sobre el salario en blanco, omitiendo sumas remunerativas fijas y provocando un desfinanciamiento estructural.
Las sospechas de corrupción en el reequipamiento aéreo hacen foco en la Licitación Pública en el Exterior 40/03-002-LPU25, iniciada el 6 de mayo de 2025 por requerimiento del comodoro Pedro Rolando Largel y autorizada por el comandante de Material, brigadier Francisco Edgardo Leguiza. El pliego técnico, diseñado por el asesor civil Daniel Sergio Burlas bajo directivas del brigadier Xavier Julián Isaac, otorgó apenas dos semanas para presentar ofertas, beneficiando de forma directa a la firma Regional One Inc. La Fuerza Aérea adquirió un Embraer ERJ-140LR usado por un valor de 4.085.000 dólares, desestimando la propuesta de Alpha Aviation Group LLC por 3.820.000 dólares.

El dictamen técnico del 16 de junio desestimó a Alpha Aviation porque ofertó un modelo ERJ-145MP de propósito militar que no figuraba en la lista cerrada del pliego. Sin embargo, una inspección técnica de la Fuerza Aérea realizada el 24 de junio de 2025 en Springfield, Missouri, reveló que la unidad comprada a Regional One presentaba corrosión en los frenos izquierdos, fugas de aceite en los motores, desgaste excesivo en los yugos de control y piezas canibalizadas. Las sospechas de direccionamiento aumentaron al comprobarse que el avión ya estaba pintado con el esquema oficial argentino desde el año 2023, y que un particular presupuestó meses después una aeronave idéntica en mejores condiciones por 2.300.000 dólares, evidenciando un sobreprecio de 1.785.000 dólares.
El patrón de opacidad en las transacciones internacionales de material de defensa se estructuró a través del uso sistemático de cuentas bancarias de tipo escrow (de custodia), las cuales retienen los fondos mediante un agente neutral externo. Si bien constituye un instrumento legal habitual en el comercio internacional, especialistas advirtieron que su implementación en la administración pública reduce la transparencia, dificulta el rastreo financiero y elude los mecanismos ordinarios de control parlamentario.
Investigaciones periodísticas determinaron que esta metodología contractual y administrativa se reiteró en diversas adquisiciones de material aéreo concretadas desde el año 2021 a la proveedora Regional One Inc y otros intermediarios como Marcelo Oscar Bagniole. Bajo este mismo procedimiento financiero quedaron bajo la lupa la compra de un Boeing 737-700 (matrícula T-99) por 8 millones de dólares, un Saab SF-340 (matrícula T-34) por 2,1 millones de dólares en 2021, y dos unidades Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96) adquiridas en 2023 por un monto de 6,85 millones de dólares.
TM